La Jornada Maya
Foto: Agencia Sim
Chetumal, Quintana Roo
Miercoles 25 de octubre, 2017
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CNDHQRoo), Harley Sosa Guillén, exhortó a la sociedad quintanarroense y autoridades a cerrar filas a favor de la libertad de expresión, tras el ataque ocurrido ayer en las instalaciones del [i]Canal 10[/i] en la ciudad de Cancún, en donde resultó lesionado un trabajador de la empresa.
La CDHEQROO deploró el acto violento que tuvo lugar en el medio de comunicación estatal, por lo que se solidarizó con el [i]Canal 10[/i] y sus trabajadores y urgió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a realizar las investigaciones a fondo, para llevar ante la justicia a los responsables del acto, para que reciban la sanción correspondiente y evitar la impunidad.
Del mismo modo Sosa Guillén expresó que ha estado dando seguimiento a la información oficial respecto a estos hechos, por lo que sugirió no descartar ninguna línea de investigación, incluyendo el ejercicio periodístico como principal actividad de la empresa, dado el contexto de creciente violencia en la zona norte del estado.
El [i]ombudsman[/i] del estado agregó que si bien habría que esperar los resultados de las investigaciones, no se puede dejar de lado la gravedad de los hechos y enfatizó la necesidad de respaldar a quienes tienen la tarea de comunicar los hechos cotidianos a la comunidad, por lo que las autoridades municipales y estatales deben de garantizar la seguridad de los periodistas y trabajadores de empresas de comunicación, para el ejercicio profesional de sus funciones.
Por su parte la CNDHQRoo inició la queja de oficio por el ataque cometido en las instalaciones del [i]Canal 10[/i], bajo el número de expediente VG/BJ/327/10/2017. Asimismo se emitió una medida precautoria dirigida a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, con el fin de brindar protección a quienes trabajan en las instalaciones de la citada empresa.
En este sentido la Comisión, como organismo protector de derechos humanos en el estado, reiteró la necesidad de alzar la voz ante la comisión de delitos que vulneran el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, pues más allá de que el ataque se cometa hacia un ente en particular, cuando se comete en contra de un medio de comunicación existe la posibilidad de afectar el derecho de la sociedad a estar informado, por lo que no existe justificación para limitar el trabajo de las y los comunicadores.
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