Hugo Martoccia
Foto: Cortesía
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Domingo 20 de agosto, 2017
El mayor acto de promoción personal que históricamente han tenido los alcaldes, sus informes de gobierno, deberá cambiar drásticamente este año.
El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió los “Lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral”, en los cuales establece que a partir del 8 de septiembre, cualquiera que pretenda participar de una contienda electoral local o federal no deberá emitir ninguna promoción de su imagen.
Si bien los procesos locales como el de Quintana Roo inician después de 8 de septiembre (en febrero de 2018) el INE ejerció su facultad de atracción, e hizo extensivos esos lineamientos a todo el país.
Los lineamientos forman parte de la resolución INE/CG338/2017, que se votó en la Sesión Extraordinaria del Consejo General el pasado 20 de julio.
“Las disposiciones contenidas en los presentes Lineamientos son de observancia general y obligatoria, para los comicios locales y federales”, dice el documento.
[b]Los Informes[/b]
Los informes de labores de los funcionarios públicos merecen algunos párrafos especiales del documento. Uno de ellos es muy específico sobre las prohibiciones para los alcaldes o cualquier funcionario o servidor que pretenda luego ser candidato.
El documento establece que “queda prohibida la difusión de informes de labores de cualquier servidor público una vez que inicie el Proceso Electoral Federal”.
Si bien se establece la salvedad en los casos en que los servidores públicos estén obligados legalmente a presentar los informes, dice que en esos casos, “ la difusión respectiva se deberá realizar con estricto apego a la normatividad aplicable”.
Y en ese punto, aclara, para que no haya confusiones, cuál es esa normatividad:
“Los servidores públicos aspirantes, deberán abstenerse de realizar cualquier acción a través de la cual se difunda propaganda en la que se promueva su nombre, voz o imagen, bajo cualquier medio o modalidad de comunicación”.
La fecha del 8 de septiembre es la que complica todo para los alcaldes. Todos tenían preparados sus informes después de 10 de septiembre, o sea que están incluidos en los lineamientos del INE.
[b]Más allá de los informes[/b]
Los lineamientos que impuso el INE van incluso un poco más allá. Sin bien las prohibiciones que tienen que ver con los Informes son las que más impactan a los alcaldes, después del 8 de septiembre habrá una parálisis total de la propaganda pública.
“En ningún caso las y los servidores públicos que aspiren a competir por cargos electivos en el Proceso Electoral Federal o local, podrán asistir a eventos en los que se entreguen beneficios de programas sociales. Tampoco podrán realizar eventos masivos de difusión de logros o inauguración de obras, una vez iniciado el Proceso Electoral”, dice el documento.
Además, aclara:
“De igual forma, deberá abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno”.
“No podrá? difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso, emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular. Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos de cualquier índole que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral”.
Más claro, imposible.
[b]Las penalidades[/b]
En caso de que un servidor público viole estos lineamientos, el INE le sumará todos los gastos de esos eventos promocionales a su tope de gasto de campaña como precandidato a candidato.
“Si se acredita que algún servidor público que difundió un informe de labores o propaganda gubernamental personalizada, posteriormente se registra como aspirante, precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, le serán contabilizados la totalidad de los gastos erogados con motivo de dicha difusión y consecuentemente considerados para el cumplimiento del respectivo tope de gastos”, dice el documento.
Lo que INE propone es que si un funcionario promociona y luego se presenta como candidato (en el caso de los alcaldes sería a su reelección) “se genera la presunción de que la propaganda tiene el propósito de incidir en la contienda”.
Debido a esta decisión del INE, desde varios días los distintos alcaldes del Estado buscan la forma de presentar informes sin vulnerar la ley.
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