Joana Maldonado
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Jueves 08 de junio, 2017
Durante 20 años, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) fue una instancia omisa para aplicar la Ley de transporte y reglamentos a las empresas concesionarias del servicio de grúas, muchas de ellas adquiridas o entregadas como pago de favores políticos, lo que ha generado un servicio deficiente y en muchos casos abusivo en todo el estado.
El director de Comunicaciones y Transportes de la Sintra, Alejandro Ramos Hernández indicó que actualmente, la Ley de Transporte de Quintana Roo considera un reglamento especial para el servicio de grúas, el cual contempla la autorización de tarifas por parte de la dependencia; sin embargo la Ley ha sido letra muerta por más de dos décadas, toda vez que no se ha cumplido con las reglas mínimas de control y supervisión y autorización de tarifas.
Esto ha generado inconformidades por parte de los ciudadanos, dado que las tarifas son al libre albedrío del concesionario, y no siempre son confiables y justas. Hay quejas incluso ante la Cámara Nacional de Transporte por autobuses incendiados y robo de piezas al interior de los corralones.
“Aunque tal vez no sea en todos los casos, por uno pagan todos. La percepción es que las grúas son historias de terror financiero, por la inseguridad de los corralones, pero además hay una costumbre hecha ley, en donde estás obligado como usuario a contratar la grúa que te impone tránsito municipal sobre todo en la zona norte, y la imposición se acompaña de abusos que incrementan costos”, precisó Ramos Hernández.
Por este motivo, afirmó el funcionario, ha sido instrucción del Jefe del Ejecutivo retomar la Ley y hacer efectivos los reglamentos para esta modalidad de transporte.
En días pasados, funcionarios de la Sintra tuvieron acercamientos con los concesionarios para atender el problema y presentar el tarifario que se hará efectivo una vez sea autorizado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y se publique en el Periódico Oficial del gobierno del estado.
“Con esto queremos que no existan los abusos, que la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor), pueda amonestar, que la Sintra atienda las quejas y pueda aplicar amonestaciones y hasta suspensiones de la concesión en casos graves, y que las empresas estén obligadas a contratar seguros de daños a terceros y poder contar con un servicio de grúas”, aseguró.
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