Joana Maldonado
Foto: Reuters
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Martes 30 de mayo, 2017

Como si se tratara de una operación diseñada por la delincuencia organizada, de 2013 a 2016, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural (Sedaru) y la de Finanzas y Planeación (Sefiplan), se fraguó una estafa de más de 5 mil millones de pesos que representa el 20 por ciento del presupuesto anual que ejerce el gobierno estatal. A través de falsificación de firmas de miles campesinos del sur del estado, funcionarios de la anterior administración obtuvieron recursos extraordinarios que se dispersaron en cuentas particulares.

El titular de la Sedaru, Pedro Pérez Díaz, afirmó que desde hace dos semanas, a través de la Secretaría de la Gestión Pública, se presentó una denuncia penal en contra de ex funcionarios de esta dependencia por haberse detectado irregularidades en el uso y manejo de recursos extraordinarios por más de mil 500 millones de pesos en 2015.

“Se utilizó a la Secretaría para sacar ese recurso que no le corresponde, porque es dinero extraordinario; sacaron archivos de la dependencia con nombres de los campesinos, falsificaron firmas para justificar el gasto, pero no se destinó a personas del campo”, acusó Pérez Díaz.

Además de los mil 500 detectados en 2015, en 2016, se erogaron mil 800 millones de pesos, por lo que sólo en los últimos dos años del gobierno encabezado por Roberto Borge Angulo se concretó, a través de la Sedaru, un fraude por 3 mil 300 millones de pesos, aunque ya se investiga 2013 y 2014, por lo que el monto podría elevarse hasta los 5 mil millones de pesos.

Por separado, el secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, afirmó que con esos recursos, la Sedaru era la dependencia de gobierno que mayor cantidad de recursos manejaba, algo así como el 20 por ciento del total del presupuesto del estado.

“De haberse invertido en el campo, éste sería otra cosa; no lo que es, sobre todo si el 20 por ciento del presupuesto se invertía a ese rubro”, afirmó Del Pozo.

El funcionario indicó también que la denuncia que respecta a 2015 ya se interpuso y que en los próximos días se presentará otra sobre 2016 y ya se realizan las auditorías para determinar el monto de 2013 y 2014.

[b]Como delincuencia organizada[/b]

Del Pozo Dergal aseguró que es un tema que no sólo toca a ex funcionarios de la Sedaru, sino también a quienes desde la Sefiplan diseñaron un mecanismo para que se concretaran las transferencias extraordinarias por medio de la entrega de apoyos, mediante una presunta falsificación de firmas.

En uno de los casos, dijo, la totalidad de los recursos fueron entregados a nombre de un solo ex funcionario, aunque omitió nombres.

“De ahí viene una serie de entramados administrativos, jurídicos, en donde sale de las cuentas del gobierno del estado, entra a cuentas personales y se hace una investigación. Son mecanismos de la delincuencia organizada y la Fiscalía y la PGR pueden investigar las personas que hicieron uso de este recursos que son el 20 por ciento total del gobierno del estado”, afirmó Del Pozo Dergal.

Agregó que al momento ya suman 17 denuncias penales que tienen que ver con irregularidades de la administración pasada y ya se trabaja en diez más.


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