Carlos Águila Arreola
Foto tomada de www.riu.com
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Martes 16 de mayo, 2017
El Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (Tsjqroo) concluyó que el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 2014-2030), aprobado durante la gestión del alcalde priísta Paul Michel Carrillo de Cáceres, “es ilegal porque viola varios preceptos”, por lo que anuló el documento y de paso eliminó la autorización para construir el hotel Riu Riviera Cancún, cuyas obras fueron detenidas en marzo de 2016 por orden de un juez de distrito.
La Sala Constitucional y Administrativa del Tsjqroo determinó en su sentencia sobre un juicio administrativo acumulado, promovido por ciudadanos y empresarios, que el PDU fue aprobado sin cumplir los requisitos de fundamentación y motivación legal del artículo 139 de la Ley de Municipios de Quintana Roo, en relación al 30 de la de Asentamientos Humanos.
En la misma resolución también se eliminó la autorización de la licencia de construcción número 68269, expedida el 19 de diciembre de 2014 por Rolando Melo Novelo, secretario municipal de ecología y desarrollo urbano de Benito Juárez, a favor de la firma mallorquina “Mx Riusa II, SA de CV”, que habría pagado 38 millones de dólares por un terreno.
El predio, ubicado en el kilómetro 17 del bulevar Kukulcán, en la zona hotelera, se ubica en zona de alta fragilidad ambiental, a 235 metros lineales del área conocida como Manglares de Nichupté, frente al área natural protegida de Punta Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc.
La licencia autorizaba la construcción de un complejo hotelero en forma de “L” alargada de 16 niveles y 565 habitaciones, con una inversión de 95.6 millones de dólares, que incluía además un miniclub, dos bares acuáticos, dos vestidores, toallero, caseta de animación y áreas verdes, cuatro piscinas, asoleadero, plaza, escaleras, rampa de madera y banquetas.
La sentencia deriva de las demandas de nulidad SCA./A/074/2015, SCA./A/077/2015 y SCA./A/151/2015, cuya valoración y resolución estuvieron durante 21 meses a cargo del magistrado numerario Juan García Escamilla.
El alcance legal del dictamen abre la posibilidad jurídica para que otros afectados puedan ampararse contra actos administrativos al amparo del nuevo PDU de Cancún, entre otros cambios de uso de suelo y autorizaciones de licencias de construcción.
En sus alegatos, tanto la secretaría municipal de ecología de Benito Juárez como “Mx Riusa II”, solicitaron declarar la improcedencia de las demandas porque sus promotores carecían de “interés jurídico”, ya que la construcción del complejo no les provocaba daño directo.
Sin embargo, en su resolución, el magistrado García Escamilla desechó el argumento y aseguró que los promotores sí tenían interés legítimo porque manifestaron ser titulares del derecho subjetivo a gozar de un medio ambiente sano y una vida productiva y saludable, en armonía con la naturaleza.
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