Rechaza ex escolta de Borge disculpa de la FGE

Texto y foto: Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Jueves 30 de marzo, 2017

La disculpa pública programada por la mañana de ayer a Héctor Manuel Cacique Fernández y Maximiliano Ezequiel Millán González, víctimas de detención arbitraria y tortura en marzo de 2013, concluyó en una serie de acusaciones contra la Fiscalía de Justicia, que no ha ejecutado acción penal contra 43 funcionarios que participaron en este hecho. Con la ausencia del fiscal general, Miguel Ángel Pech Cen, las víctimas rechazaron dicha disculpa, derivada de una recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos del estado (CDHEQROO).

Héctor Manuel Cacique Fernández pasó tres años, seis meses y siete días en prisión por un delito que no cometió, pero además fue víctima de tortura que derivó en la pérdida de un oído, visión del ojo izquierdo y otros daños físicos.

Fue detenido por ultrajes a la autoridad la noche del 18 de marzo de 2013 junto con la segunda víctima, Maximiliano Millán, y en 13 días fue acusado de un multihomicidio, ocurrido meses antes, y señalado como uno de los líderes del Cártel del Golfo por el entonces procurador general, Gaspar Armando García Torres.

Héctor Cacique fue liberado en septiembre de 2016 al demostrarse inocente de una detención arbitraria y torturado para confesar su responsabilidad por homicidio calificado, por lo que las autoridades han tenido que disculparse públicamente como resultado de recomendaciones de la CDHEQROO.

[b]Segunda ridícula disculpa y 43 elementos siguen en servicio[/b]

“Durante tres años y seis meses, física y psicológicamente, mi hijo fue torturado y su familia fuimos amenazados, con enfermedades de por vida y sin órganos. Quiero aclarar que esta es la segunda ridícula disculpa. La primera, fue con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”, dijo Yazkade Fernández, madre de Cacique Fernández.

La víctima exigió a la Fiscalía General, que ordene la aprehensión de 43 funcionarios públicos, la mayoría de ellos policías ministeriales que siguen en servicio y que participaron en los actos de tortura, entre ellos, Arturo Olivares Mendiola, pese a que existe una sentencia y orden de la Sala Constitucional para que se siga un proceso judicial en su contra por abuso de autoridad y tortura.

“La Fiscalía está cometiendo un desacato desde hace un año 9 meses, no pueden contestar porque están protegiendo a los torturadores”, acusó la madre de Cacique Fernández. Además, aseguraron que las amenazas en su contra continúan y que no han recibido protección por parte de la Fiscalía, ni alguna otra autoridad.