Joana Maldonado
Foto: René López
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Lunes 27 de marzo, 2017
El fiscal general del estado, Miguel Ángel Pech Cen, confirmó que serán cumplimentadas las órdenes de aprehensión contra 17 personas, que fungieron como funcionarios durante la administración de Roberto Borge Angulo.
Esto, como resultado de las denuncias penales presentadas en el pasado mes de diciembre en contra del ex secretario de Infraestructura y Transporte (SINTRA), Fernando Escamilla, los subsecretarios de la misma dependencia, Ariel Federico Meesel Soureau y Andrés Canul Novelo; así como el ex secretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina y del subsecretario técnico de Hacienda, Eliézer Villanueva Lanz; además en contra del entonces Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Rodríguez –actual Secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez- y la subsecretaria de la misma, Paulina Achach García, entre otros.
Algunas de las denuncias se derivan de irregularidades en la renta de maquinaria, hechas en 2013 y 2014 por más de mil 500 millones de pesos, con una empresa fantasma, señaló el secretario de Gestión Pública, Rafael del Pozo.
Los funcionarios tuvieron presuntamente un desempeño irregular de la función pública, y un abuso de autoridad por casi 41 millones de pesos; mientras Mauricio Rodríguez se desempeñaba como Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, se llevaron a cabo desvíos por casi ocho millones y medio de pesos, además de usurpación de funciones al haber firmado documentos cuando ya había renunciado al cargo.
En el caso de Juan Pablo Guillermo y Eliézer Villanueva (operador financiero de Borge Angulo y del senador Félix González Canto, se comprobó un desvío de dinero obtenido a través de un crédito simple que contrató la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), por 507 millones de pesos, y un segundo por mil 55 millones de pesos.
En un comunicado, la FGE informó que al momento, han iniciado 17 carpetas de investigación para ex funcionarios estatales y municipales en Quintana Roo, y las otras siguen integrándose para posteriormente ser judicializadas, dependiendo de los delitos acreditados.
“Por la secrecía y sigilo que la misma ley impone, no se dan a conocer los nombres de los imputados, pero sí se han obtenido órdenes de aprehensión que han sido emitidas por un Juez de Control”, señaló el comunicado.
“Es importante recalcar que la Fiscalía General del Estado, a través de la Policía Ministerial, será la que se encargue de cumplimentar dichos mandamientos una vez que el Juez de Control las haya emitido”, finalizó.
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