Joana Maldonado
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Martes 7 de marzo, 2017
El gobierno de Roberto Borge Angulo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación encabezada por Juan Pablo Guillermo, y los titulares de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), presuntamente desvió el recurso que les era descontado a maestros, hasta sumar una cifra cercana a los 650 millones de pesos institucionales.
Actualmente, cientos de empleados de la SEyC se encuentran en buró de crédito y algunos han enfrentado procesos jurídicos y embargos, por adeudos solicitados entre 2012 y 2015.
Tal es el caso de la maestra Ileana Margarita Santoyo, quien solicitó a Credifiel un préstamo de 25 mil pesos en octubre de 2012. En la primera quincena de noviembre, se le comenzó a descontar puntualmente de su nómina, un monto de mil 180 pesos. De dicho préstamo, la SEyC sería la instancia encargada de hacer los descuentos correspondientes; pero en el 2014, la maestra se dio cuenta de que no se había pagado la cantidad a la empresa crediticia, aunque ella había finiquitado desde el 31 de agosto de 2013.
“Hablé por teléfono a la empresa y me dijeron que 45 mil pesos, o sea, la cantidad prestada más los intereses. Hice un documento dirigido al contador Ovando [titular de la SEyC] en donde explico la situación, pero no recibí ninguna respuesta”, señaló.
La empresa llegó a insultarla, vía telefónica y WhatsApp, por lo que la maestra solicitó la intervención de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que a inicios del 2016, logró la firma de un acuerdo entre el entonces Secretario de Finanzas Juan Pablo Guillermo y el titular de la SEyC, José Alberto Alonso, donde el gobierno estatal comprometía el pago de 517 millones 762 mil 412 pesos para saldar estos adeudos en 11 pagos diferidos mensualmente.
El gobierno de Roberto Borge, sin embargo, incumplió con dicho acuerdo.
La maestra Santoyo ahora enfrenta un adeudo de más de 100 mil pesos, es decir, cuatro veces el monto que solicitó ante la empresa crediticia, y una amenaza de orden judicial para obligarla a pagar.
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