Negocio inmobiliario, suspendido

Carlos Águila Arreola
Foto tomada de www.investmentpropertiesmexico.com
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Viernes 24 de febrero, 2017

Una orden judicial está a punto de echar por tierra un negocio inmobiliario de 20 millones de dólares o 408 millones de pesos, que involucra una extensa superficie en la bahía de Petempich (65 kilómetros al sur de esta ciudad), en el novel municipio de Puerto Morelos.

Originalmente, la transacción se tasó en 25 millones de euros, luego se pactó en un pago único de 20 millones dólares, y pese a que los compradores lo liquidaron, la compraventa quedó suspendida el 16 de diciembre pasado por mandato del juzgado séptimo de distrito en materia civil en la Ciudad de México.

El terreno, superior a 28 hectáreas, era parte de los bienes inmuebles para resarcir el fraude cometido por quien fuera líder del sindicato patronal español, Gerardo Díaz Ferrán, como fundador del Grupo Marsan, en perjuicio de clientes de esa compañía que compraron paquetes de viaje por 4.4 millones de euros entre 2009 y 2010.

Apenas el siete de enero pasado, a Díaz Ferrán le negaron su primer permiso de salida de la prisión de Soto del Real –municipio español de la provincia y comunidad de Madrid–, donde ha pasado cuatro años y un mes (mil 500 días) de una condena de seis años y medio, pese a sus 74 años.

La decisión del juez madrileño José Luis Castro se basó en “la gravedad de los hechos delictivos cometidos por Díaz Ferrán, las responsabilidades civiles a las que tiene que hacer frente y las causas que aún tiene pendientes con la justicia”.

Resulta que la Audiencia Nacional Española condenó a Díaz Ferrán a cinco años de prisión, y al empresario que le ayudó a ocultar su patrimonio, Ángel del Cabo, pero dejó en el limbo a los acreedores, pues la sentencia ordenó “restituir bienes, metálico, cheques, bienes inmuebles o muebles en posesión o propiedad de los acusados”.

Y si fuera imposible, porque los bienes “estén en posesión de terceros de buena fe”, los condenados deben “indemnizar una cantidad pecuniaria”.

Ambos fueron declarados culpables de irregularidades contables para impedir resarcir el daño a los acreedores, pues dieron salida fraudulenta de bienes de patrimonio, incurrieron en actos jurídicos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia, según se dictaminó en el juicio.

Así, el 16 de diciembre de 2016 se concedió la suspensión provisional solicitada, para no llevar a cabo la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo, delegación Cancún, del convenio modificatorio del 26 de noviembre de 2015.

También están bajo el escrutinio de los acreedores españoles los lotes con folios del Registro Público números 31971 y 31973, colindantes en Petempich con el lote en disputa, de una superficie de 15 y 37 hectáreas. Los lotes con los folios 73144, 73146, 73148, 73149, 73151,73154, 73156, 73158, 73160, 73165, 73167, 73168, 73170 y 71189, se encuentran en la misma situación.