Más expedientes contra ex funcionarios de Borge

Joana Maldonado
Foto: Cristina Rodríguez
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Viernes 3 de febrero, 2017

El titular de la Secretaría de la Gestión Pública, Rafael Del Pozo Dergal, adelantó que a principios de la semana entrante, se interpondrán 14 nuevas demandas ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General, por diversos delitos en contra de ex funcionarios de al menos 11 dependencias estatales.

El funcionario anunció este jueves, que se trabaja en la integración de nuevas denuncias que se sumarán a las que se interpusieron hace algunos meses por malversación de recursos, indebida integración de expedientes y otros presuntos delitos en los que incurrieron los ex titulares de algunas dependencias y otros funcionarios; la integración de estos expedientes llevó más tiempo, por el volumen de los documentos que implicó recabar y analizar.

Se trata de denuncias vinculadas al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), dos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru), Consejería Jurídica y Servicios Aéreos Ejecutivos S.A de C.V. (VipSaesa) y también a la construcción del Auditorio del Bienestar.

De este último, hay dos expedientes, porque se detectaron sobrecostos en la edificación del inmueble.

“Son varias, han tenido un nivel de integración un poco más laborioso, esperábamos presentarlo desde la semana pasada, pero hemos requerido llevar a cabo algunas diligencias (...) Están implicados los ex titulares y otros personajes, porque hay una corresponsabilidad en el manejo de recursos públicos, donde hay operaciones, conceptos que no están debidamente acreditados, no puedo decir mas , donde hay pagos que no tienen soporte”, declaró.

Del Pozo Dergal detalló que solo en el caso de Sedaru, se habla de más de mil millones de pesos que fueron malversados y dirigidos a supuestos apoyos entregados . Esto, dijo, fue detectado en las revisiones de programas.

Sin dar más detalles, aclaró que la responsabilidad resarcitoria le corresponde al Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización, Javier Zetina González, quien a la fecha no ha procedido en ninguno de los expedientes.

“Estamos trabajando a nivel gobierno y el Auditor ha quedado a deber en el tema de atender estas responsabilidad e iniciar los expedientes”, precisó.