Joana Maldonado
Foto: Congreso del estado
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Viernes 21 de febrero, 2020
La castración química a violadores o delincuentes sexuales es la propuesta del partido Movimiento Auténtico Social (MAS) para reducir la incidencia de este delito en Quintana Roo; sin embargo, el planteamiento no es bien visto por la Comisión de los Derechos Humanos del estado (Cdheqroo), pues además de considerarlo un trato degradante, asegura que no representa una solución real para prevenir o sancionar este delito.
El legislador del MAS en la XVI Legislatura, José Luis Guillén López, indicó que la castración química a violadores fue una propuesta del candidato Ismael Sauceda, quien estaba postulado como diputado por este organismo político en el Distrito IX durante el pasado proceso electoral, y cuyo planteamiento apoya totalmente.
“Si lo respaldamos al 100 por ciento, lo hacemos con la castración química”, indicó el legislador al anticipar que está alistando la iniciativa en tal sentido para presentarla ante el Poder Legislativo, lo que podría concretarse la próxima semana.
El legislador consideró que el riesgo de que los imputados realmente no tengan responsabilidad sobre el delito es poco probable en el caso de violaciones, por lo que dijo que se debe confiar en las instancias impartidoras de justicia.
“Tenemos que confiar en nuestras instituciones y derivado de los dictámenes y de lo que ellos juzguen tendría que proceder a derecho”, indicó el legislador.
Añadió que dentro de la iniciativa, las autoridades judiciales serían las encargadas de realizar la castración química, que a diferencia de la castración quirúrgica, en la que extirpan los testículos a los varones y los óvulos a las mujeres, solo se usa un medicamento para disminuir la líbido y la actividad sexual.
La castración química se ha experimentado en varios estados de los Estados Unidos de América, como el caso de California, en donde es aplicado cuando la víctima es menor a 13 años y en caso de reincidencia es obligatorio.
En otros países como Colombia, en donde fue aprobada en el 2018, es llamado como inhibición hormonal del deseo sexual como castigo para violadores de niñas, niños y adolescentes.
El Ombudsperson, Marco Antonio Toh Euán, consideró sobre esta propuesta que no es la solución para evitar que exista la violencia sexual contra niñas y mujeres.
Señaló también que en las cárceles del estado, como en todo el país, hay personas imputadas de una serie de delitos que resultan ser inocentes.
En este sentido, dijo que sería lamentable que la iniciativa prosperara, se aplicara la castración y luego comprueben que el imputado era inocente.
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