La Jornada Maya
Foto: Tomada de Facebook
Kantunilkín, Quintana Roo
Viernes 31 de enero, 2020
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logró la primera vinculación a proceso del año 2020 en contra de una persona por la probable comisión del delito de Ejercicio Ilícito del Poder durante la actual administración pública municipal de Lázaro Cárdenas.
Este resultado forma parte de una investigación especial que inició la unidad desde el año 2019, en contra de una persona identificada con las iniciales F. K. G., luego de que posiblemente ejerció funciones como primer regidor de dicha administración sin importarle que se encontraba inhabilitado para ocupar cualquier tipo de cargo público durante un lapso de cinco años.
Dicha condición prohibía que esta persona ejerciera cualquier tipo de función tanto en la administración pública municipal, estatal o federal del año 2014 hasta el año 2019, tal y como lo estableció en su momento la Secretaría de la Gestión Pública del Estado.
La denuncia se inició a raíz de varios reportes públicos, en consecuencia, se abrió la carpeta administrativa 8/2019 por la probable comisión en el delito ya mencionado; paralelamente empezaron las investigaciones correspondientes que permitieron la integración de diferentes datos de prueba.
Una vez integrada la carpeta, la Fiscalía Anticorrupción logró ejercer la acción penal ante un juez de control hasta que se llevó a cabo la audiencia inicial.
Para este caso, los fiscales especializados se enfocaron en todos los elementos objetivos del caso, expusieron sus motivos y la posible conducta delictiva del imputado, debido a que éste ejerció ilegalmente las funciones como regidor con inhabilitación vigente.
El juez de control fue certero al darle la razón a los fiscales, debido a que contaban con suficientes elementos que formaban parte de una posible conducta que la norma señala como un delito y es por esa razón que decretó su vinculación a proceso.
La máxima autoridad determinó que el imputado deberá presentarse a firmar cada 15 días como una medida cautelar, además le negó la posibilidad de salir de la ciudad donde radica, a fin de que no se sustraiga de la justicia y finalmente impuso un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
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