La Consejería Jurídica del gobierno de Quintana Roo desatendió el conflicto de la zona limítrofe, acusó el abogado Andrés Blanco Cruz, quien afirmó que la representación estatal llegó con retraso a la audiencia convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el desahogo de pruebas y alegatos el pasado 13 de abril. “Se presentaron fuera de la hora programada”, destacó.
El abogado, representante legal de diversas comunidades de la zona limítrofe con Campeche, acusó que la defensa de la franja territorial, derivada de la controversia constitucional promovida inicialmente por Yucatán hacia finales de 2019, es un acto de simulación por parte de la Consejería Jurídica del gobierno del estado.
“De manera negligente e injustificada no se presentan a las audiencias programadas por la SCJN para el desahogo de pruebas y alegatos dentro del recurso de queja 1/2021-CC, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 226/2019”, acusó Blanco Cruz.
El representante legal indicó que, como parte de las demandas por el derecho al agua en las localidades de la zona limítrofe, interpuso una queja ante la SCJN para que se dote del vital líquido a las comunidades de Guillermo Prieto, Felipe Ángeles y Caña Brava, argumentando que se vulnera la soberanía y por lo cual fueron notificados tanto la Consejería Jurídica, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, como el Ayuntamiento de Othón P. Blanco para la defensa del territorio, ya que no ha sido atendido por el órgano jurídico de la entidad.
Y dando seguimiento al recurso de queja promovido por Campeche, mediante la lista de estrados, el abogado pudo constatar que la Consejería Jurídica de Quintana Roo no se presentó a la audiencia programada por la Corte el pasado 13 de abril, para el desahogo de pruebas y alegatos.
“Se presentaron fuera de la hora programada (…) sólo son declaraciones lo de que no se va a ceder ningún centímetro del territorio quintanarroense, en los hechos es pura simulación, ya que en la realidad no se está atendiendo el tema jurídico por parte de la Consejería Jurídica, instancia que incluso ha contratado despachos externos, sin que se tenga resultados al respecto”, acusó.
Añadió que parece ser que la Consejería Jurídica busca con esta estrategia “perder el recurso” promovido ante la SCJN, con la finalidad de no invertir los 100 millones de pesos presupuestados en el presente ejercicio fiscal por el Congreso de Quintana Roo, y detener el proyecto que dotaría de agua potable a la población de las citadas comunidades.
El pasado 19 de enero el secretario de gobierno quintanarroense, Arturo Contreras Castillo, aclaró mediante sus redes sociales que la defensa del territorio continúa y que se atendía sin escatimar esfuerzos.
Edición: Estefanía Cardeña
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