El municipio de Solidaridad revocó el decreto que municipaliza la carretera federal Cancún-Chetumal en el tramo que cruza la ciudad de Playa del Carmen, lo anterior para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) haga los trabajos que se requieran para la obra del Tren Maya.
El pasado 16 de agosto se signó el “Convenio de terminación anticipada del convenio de fecha 4 de junio del año 2003” entre la delegación de la SCT Quintana Roo, representada por Janette Cosme Vázquez y el Ayuntamiento de Solidaridad, representado por la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete y el síndico Omar Sánchez Cutis. En él se establece que para su construcción, el Tren Maya requiere de los derechos de vía de la carretera federal 307. La longitud autorizada es de 10 mil 650 metros.
Al respecto, el abogado Jorge Zabaleta Pellat, litigante independiente, señala que en el acuerdo hay varios vacíos, pues “regresan la jurisdicción al gobierno federal, por ende ya no opera la carretera como una avenida municipalizada, regresa a ser una carretera federal y con ello todas las disposiciones legales y administrativas que esto conlleva”.
El entrevistado menciona que el municipio pierde sus atribuciones en materia de seguridad y tránsito: “desaparece la vigilancia en las casetas de acceso, lo que es un gran problema porque esos filtros servían para controlar el ingreso de presuntos delincuentes. Ahora la carretera está libre”.
Destaca que oficialmente no se le ha aclarado al ciudadano cuál será la dependencia facultada para levantar multas o sanciones, quién actuará en caso de accidentes o qué reglamento deberá aplicarse: el municipal o el federal.
“La carretera tiene que tener un área de amortiguamiento que se llama derecho federal de vía, que no son menos de 20 metros a cada uno de los costados, por lo que las obras que hayan hecho los particulares colindantes con la vía de rodamiento pudieran ser demolidas en caso de así requerirlo la federación”, advierte.
Mediante el acuerdo firmado, el Ayuntamiento se compromete a colaborar con la SCT para revisar y analizar el retiro de aquellos anuncios publicitarios o alguna otra obra que se encuentre adyacente a la vía general de comunicación.
Asimismo, da su visto bueno para que la SCT o la empresa que se designe en representación del gobierno federal ejecute “todas y cada una de las acciones legales para retirar aquellas invasiones, obras y cualquier obra que se encuentre inmersa al derecho de vía”.
Por su parte la SCT declara que “tiene amplia necesidad de mejorar y adaptar los tramos del inmueble otorgado en custodia al Ayuntamiento y que constituyen bienes del dominio público de la federación de uso común. Ambos órganos de gobierno coinciden en que la prioridad es la construcción del Tren Maya.
Edición: Laura Espejo
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