Jueces siguen dando largas para reabrir restaurantes de Tulum

Siguen dando largas para liberar los restaurantes La Querida y La Malquerida, luego de que el pasado jueves 23 de junio un juez del Distrito Octavo notificó que “por mucha carga de trabajo” no podía seguir el caso y lo pasó al Distrito Noveno.

Juan Miguel Durán, abogado de Leixys Pérez Casas, propietario de los negocios antes mencionados, informó que desde el día 23 de marzo este juez era el que llevaba los amparos y ahora se deslinda diciendo que tiene mucho trabajo, sin haber dado una respuesta positiva cuando ya pasaron más de tres meses de la solicitud.

Recordó que lo que está en revisión es la solicitud a la autoridad de otorgar la depositaría de los locales, dando como motivo que es indebido el aseguramiento de negociaciones lícitas, fundamentado en el artículo 243 del Código Nacional de Procedimientos Civiles.

“Dentro de los locales están las negociaciones. El efecto de la depositaría es evitar el perjuicio innecesario del bien o negociación, no se le está negando a la Fiscalía que siga su investigación en el inmueble y mucho menos se busca alterar el espacio donde se dieron los hechos”, abundó.

Ironizó que los bienes de la negociación son ajenos al delito, puesto que “el horno o el refrigerador no accionaron armas de fuego” y “una botella de ron no persiguió a los comensales”.

Apuntó que en su informe la Policía Ministerial señaló que se llevó a cabo minuciosamente el levantamiento de toda la evidencia, misma que ya obra en poder de la Fiscalía General, es decir, no queda evidencia alguna susceptible de “alterarse o afectarse”.

Mencionó que la autoridad supone con amplia imaginación que por el sellado y acordonado de un lugar éste se encuentra “protegido” en conjunto con los bienes que ahí se encuentran (propios de la negociación y ajenos al delito), argumentando que busca que los instrumentos, objetos o productos del delito no se alteren o destruyan.

“Es razonamiento que bizarramente comparte hasta el momento el juzgado, pero por falta de mantenimiento y de atención se acumularon y desbocaron aguas residuales en los espacios que ocupan dichos inmuebles, provocando hediondez y podredumbre que emanó a su alrededor e interior y afectó la evidencia y la disposición de los enseres adheridos al local que en contraste sí pudo ser cuidado debidamente de concederse la suspensión”, sostuvo.

Señaló que mientras más deplorable esté el lugar, será un lecho para la delincuencia o el abandono comercial.

“El juzgado evade atender el asunto y según el último informe ha emitido un acuerdo para pasar a otro del mismo nivel los expedientes y su seguimiento con motivo de un presunto exceso de trabajo, arriesgando el tiempo de atención y de acceso a la justicia”, declaró el abogado.

Edición: Ana Ordaz