Los fraudes inmobiliarios son algo habitual en Quintana Roo, por lo que es urgente trabajar en la prevención desde todos los frentes, explicó Iván Ferrat Mancera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe.
Como parte de las estrategias que buscan abatir este delito, a partir del 1 de agosto entrará en funciones la Alerta Inmobiliaria, a través del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC).
“El magistrado Adolfo del Rosal nos vino a hablar del tema de los despojos en la parte judicial y al mismo tiempo a la directora del Registro Público, que anunció la alerta de prevención inmobiliaria”, explicó Ferrat Mancera luego de la asamblea mensual del consejo, celebrada la semana pasada.
Ambos invitados, dijo, coincidieron en que los despojos y fraudes inmobiliarios son delitos de mayor incidencia en Quintana Roo que en otros estados, porque las tierras tienen un valor mucho mayor que en otros sitios, gracias a su plusvalía turística, lo que ha provocado que lleguen muchos delincuentes.
Existen dos tipos de despojo, un 30 por ciento es por parte de gente organizada que se dedica a invadir propiedades, pero un 70 por ciento se da entre particulares, en ventas y compras.
Como parte de la modernización del Registro Público, conocieron, se pondrá en funcionamiento la aplicación para tener la alerta inmobiliaria y si alguien quiere hacer uso de una propiedad, el propietario se va a enterar de inmediato y de esta forma se podrán prevenir muchos delitos.
Al respecto, Layla Lorena Flores Terrazas, directora del Registro Público, resaltó que cuando se cometen este tipo de delitos es indispensable que la persona defraudada interponga la denuncia, sin embargo, un problema habitual es que ni siquiera se enteran que fueron defraudados, eso ocurre mucho tiempo después.
“Ellos están pagando algo que creen que existe, no se dan cuenta porque no acuden al registro y no se enteran de esa parte. Por eso la recomendación es que se aseguren de que lo que están comprando es real, como en vehículos, puedes comprar uno, pero te aseguras de que no sea robado, no es la Fiscalía la que debe asegurarse de ello, es concientizar a la gente que el registro público es abierto, es gratuita la consulta, utilizar las herramientas, de eso se trata”, exhortó.
Recordó que como registro no tienen dentro de sus facultades ver cuántas denuncias hay, pero llegan constantemente personas y cuentan la situación por la que están pasando, y ahora con la alerta será tal vez más fácil tener un panorama de cómo ocurren los casos en un plazo de seis meses.
Edición: Ana Ordaz
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