La empresa Calizas Industriales del Carmen SA de CV (Calica), instalada en la Riviera Maya bajo el nombre comercial de Sactun, interpuso una queja ante un juzgado federal con sede en Cancún contra la resolución judicial que desecha su solicitud de amparo contra la creación del Área Natural Protegida Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Leona Vicario, que estaría ubicada en los predios que actualmente ocupa la transnacional.
De acuerdo con los estrados del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, el 30 de noviembre pasado la filial de Vulcan Materials Company interpuso una solicitud de amparo contra la declaración de un Área Natural Protegida, argumentado que esto violaba los artículos 1, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución mexicana, la cual fue desechada. Los hechos están asentados en el expediente número 1062/2023.
Posteriormente, el 1 de diciembre el órgano judicial acordó admitir una queja presentada por los abogados de Calica contra la resolución anterior. “Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por parte quejosa contra el acuerdo en el cual se desechó la presente demanda biinstancial… Notifíquese por medio de lista”, señala la síntesis publicada en estrados el día 4 de diciembre del 2023.
El pasado 8 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Estudio Previo Justificativo elaborado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para el Establecimiento del Área Natural Protegida Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Leona Vicario, ubicado en los predios que actualmente ocupa la empresa Sactun (antes conocida como Calica). Dicho estudio está disponible para el público en general por un periodo de 30 días, el cual concluye el 8 de diciembre.
El Gobierno de México ha reiterado en varias ocasiones a la empresa su intención de comprarle las 2 mil 387 hectáreas que posee en la Riviera Maya, donde -hasta antes de ser clausurada- extraía material pétreo para exportar a Estados Unidos. La propuesta económica es de 6 mil 500 millones de pesos y si bien hasta ahora la empresa no ha dado una respuesta formal a la propuesta, sus directivos han buscado la protección del gobierno y legisladores estadunidenses, así como del Poder Judicial en México.
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