Tras 13 años, vecinos de Cancún ganan amparo contra dependencias estatales

Habitantes del fraccionamiento Urbi Villas del Rey piden que se construya una planta de tratamiento de agua
Foto: Ana Ramírez

Habitantes del fraccionamiento Urbi Villas del Rey, después de 13 años, avanzaron en su caso contra las dependencias estatales, mismo por el que se les concedió el amparo y protección de la justicia, además del reconocimiento a su derecho a un medio ambiente sano, por lo que la petición ahora es que se construya una planta de tratamiento en este lugar.

“Las omisiones del municipio y del gobierno del estado la verdad es que son muy evidentes, demandamos a Sedetus, a Desarrollo Urbano y a CAPA por dar constancias de no adeudo en un desarrollo sin agua potable ni alcantarillado, al Infonavit por permitir que se venda una casa que no cumple con el derecho a vivienda digna y a la Tesorería (de Benito Juárez) porque existe una fianza… y hoy tenemos sentencia”, enfatizó en conferencia de prensa Antonella Vázquez Cavedón, representante de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), quien representó a los vecinos.

Este fraccionamiento, recordaron, se vendió y se entregó sin contar con las obras mínimas de urbanización, sin red de drenaje ni plantas de tratamiento, lo que ha provocado durante años el rebose de aguas negras. Fue el juzgado Quinto de Distrito el que resolvió conceder el amparo y protección de la justicia en favor del derecho a una vivienda digna y a un medio ambiente sano.

En dicha sentencia se reconocieron puntos importantes: primero, que los habitantes del fraccionamiento siempre tuvieron razón respecto a que la constructora responsable (CYD Desarrollos Urbanos) no finalizó las obras de agua potable y alcantarillado. Como segundo punto, que todos estos años las autoridades municipales y estatales, como Ecología y Desarrollo Urbano, fueron omisas en inspeccionar y vigilar que las obras cumplían con las especificaciones del proyecto. 

Ante el incumplimiento del fraccionador, las autoridades tenían que dar aviso de cualquier falta o violación del proyecto autorizado y no lo hicieron, incluso permitieron que siguiera la venta de viviendas. Se trata de un proyecto en el que habitan 20 mil personas, pero se convierte en un precedente para 150 fraccionamientos más en Benito Juárez que no están municipalizados y tienen las mismas problemáticas que este.

La empresa ya presentó su recurso de revisión, se inconformó diciendo que el tema del urbanismo y lo administrativo no tienen que ver con lo ambiental, “algo que sí se ha peleado para que la gente entienda que asignar un uso de suelo afecta e implica consecuencias a nivel ambiental”, señaló la representante de los vecinos.

 

Edición: Estefanía Cardeña


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