Burócratas de Tulum cumplen con su declaración patrimonial

En tiempo y forma cumplió el 100 por ciento de los burócratas al servicio del Ayuntamiento de Tulum con su declaración patrimonial, dio a conocer Angelina Kinil Tun, directora de la Función Pública y Contraloría Social.

Manifestó que derivado de la promoción previa y la propia voluntad de los más de mil 100 funcionarios, se logró que efectuaran esta obligación antes del 31 de mayo.

Recordó que el año pasado todos los funcionarios cumplieron y esto es gracias a que desde un mes antes entregan oficios de recordatorio de este proceso, adicionado que en caso de no cumplir en la fecha límite se aplica una sanción económica.

Agregó que durante el periodo establecido por la ley para la presentación de la declaración patrimonial, se orientó a los burócratas para que siguieran paso a paso este proceso.

“Para buena suerte de la Contraloría municipal y para los servidores públicos 100 por ciento cumple con la declaración patrimonial y eso fue posible por la difusión y la promoción que se realizó por parte de la Contraloría a través de la dirección de la Función Pública, que es la encargada de las declaraciones patrimoniales y también por supuesto por la voluntad del servidor público de querer cumplir con dicha obligación”, sostuvo.

La entrevistada detalló que ahora se analizará que la documentación cuadre con los bienes de los servidores para publicarlo en un periodo de tres meses en la plataforma de transparencia del Ayuntamiento.

“Ahora la declaración patrimonial se archiva, se analizan las declaraciones patrimoniales del servidor público, que cuadre su información y si no hay ninguna observación se publica en la página de Transparencia, que es donde nos solicitan información total de servidores públicos que cumplieron, lo cual se hace cada trimestre”, dijo.

Mencionó que de acuerdo con el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, si no se declara en el plazo establecido, deberá iniciarse la investigación correspondiente, la cual puede derivar en la imposición de sanciones administrativas a las personas servidoras públicas que faltaron al cumplimiento de dicha obligación constitucional.

Edición: Emilio Gómez