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Ana Ramírez
10/07/2024 | Cancún, Quintana Roo
Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente Sano (DMAS) se mantiene en la lucha contra una construcción en Bahía Solimán, en el municipio de Tulum, un proyecto que desde sus inicios está lleno de irregularidades, de acuerdo con Antonella Vázquez Cavedón, representante de la asociación civil.
“Debería estar suspendida por municipio y por Profepa y siguen trabajando, porque Profepa a pesar de que puso en su resolutivo: ‘ponte en la fila y pide tu autorización de impacto ambiental’, al principio puso ‘abstenerse de continuar la obra’,”, especificó la activista ambiental en conferencia de prensa.
Los delitos ambientales reportados en Bahía Solimán implican construir en un ecosistema en duna costera, con fauna, con flora protegida, y un sitio reconocido de tortugas. Fue en el mes de noviembre del 2023 cuando comenzaron las obras y los vecinos alertaron de esta construcción en una zona de fragilidad, con zona de manglar de un lado y playa de anidación de tortugas del otro.
“Primero que nada pedir por transparencia a los tres niveles si hay permisos, todos dicen que no, no hay ni manifestación de impacto ambiental, ni congruencia estatal de uso de suelo, ni licencia de construcción. Entonces en enero presentamos inmediatamente denuncias porque van rápidos en la obra, presentamos las denuncias, obviamente no se aparece ni una mosca y a las tres semanas presentamos un amparo contra todas las autoridades por omisión en ir a inspeccionar”, abundó.
Foto: Ana Ramírez
Insistió en que la obra se encuentra suspendida, pero las labores continúan y las autoridades ya dieron una ventana en la que pueden pagar multas y solicitar todos los permisos que les faltan, por ello se tomó la decisión de iniciar las denuncias penales.
La denuncia que se presentó de forma penal es por daños urbanos a la biodiversidad contra quien resulta responsable y otra por violación de los sellos, incluso se ha presentado una demanda por omisión legislativa contra el Congreso y el Poder Ejecutivo.
“Tenemos que demandar el Congreso por este boquete que hay en la ley, porque no tiene sentido estar exigiendo a los brokers que dejen de comercializar diciéndoles: va a ser un delito. Pedimos que se publique todos los fraccionamientos que no tienen permisos para que todos los agentes inmobiliarios sepan que van a incurrir en un delito penal si los comercializan, pero es necesario que se ponga una penalidad para este delito”, enfatizó la integrante de DMAS.
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Edición: Fernando Sierra
