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La Jornada Maya
15/07/2025 | Cancún, Quintana Roo
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que cumplimentó dos órdenes de aprehensión, otorgadas por un juez de control, en contra de Armando René N. y Mario Carlos N. por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos del delito de extorsión; ambos se desempeñaban como elementos de dicha dependencia.
Los detenidos, en su calidad de policías de investigación de la Fiscalía, adscritos a la zona hotelera de Cancún, acudieron el 21 de junio del presente año, al domicilio de la víctima, en la supermanzana 251, donde la amenazaron con llevarla detenida por supuestamente tener carpetas de investigación en su contra.
Sin embargo, para solucionar el problema, Armando René N. y Mario Carlos N. le exigieron a la mujer la cantidad de 250 mil pesos, para no continuar investigando e incluso eliminar todos los archivos de la denuncia; ante el temor de ser detenida, la víctima les dijo que le dieran un tiempo prudente para juntar el dinero.
Durante los días posteriores, vía WhatsApp los imputados enviaron mensajes intimidatorios a la agraviada, e incluso Armando René N. acudió al centro laboral de la hija de la víctima, en donde la amenazó para que su madre entregara el dinero o de lo contrario haría que la despidieran de su trabajo.
Tras la denuncia de hechos, personal de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión en contra de Armando René N. y Mario Carlos N., la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado; los capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requirió.
En ese sentido, el fiscal general Raciel López Salazar reiteró con firmeza el compromiso de este organismo autónomo con la legalidad, la transparencia y la justicia, advirtiendo que ninguna persona estará por encima de la ley, trátese de quien se trate.
El fiscal general señaló que el actuar de la Fiscalía no responde a intereses particulares ni a presiones externas, sino al mandato constitucional de procurar justicia en estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos.
“Este es un compromiso ético y jurídico. La ley debe aplicarse sin distingos, sin privilegios y sin temor. A quienes aún creen que la impunidad tiene espacio en nuestro estado, les decimos con total claridad: esa etapa ha terminado”, expresó Raciel López Salazar.
Edición: Estefanía Cardeña
