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Ana Ramírez
14/06/2026 | Cancún, Quintana Roo
Una construcción en Playa del Carmen debe ser clausurada por violentar la normatividad, denunciaron integrantes de la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
Se trata del desarrollo denominado Macondo, situado en Playacar, el cual presuntamente carece de la Manifestación de Impacto Ambiental de carácter federal, requisito indispensable para cualquier obra en ecosistemas costeros.
De acuerdo con la organización, este proyecto es el más preocupante de un grupo de seis desarrollos inmobiliarios que han avanzado ilegalmente en la zona, provocando una severa devastación de la selva local y el desplazamiento forzado de diversas especies silvestres sin contar con los permisos de la autoridad federal competente.
"El año pasado, en 2025, aproximadamente en agosto, vecinas del condominio Playacar se acercaron a nuestra asociación, DMAS, para pedir ayuda legal respecto de varios desarrollos inmobiliarios dentro del complejo que se estaban llevando a cabo sin ninguna autorización de impacto ambiental", relató Irma Morales, abogada e integrante de la asociación.
La problemática central radica, explicó, en que autoridades municipales y estatales han otorgado licencias de construcción y resolutivos de impacto ambiental locales sin tener la competencia legal para ello. Al tratarse de áreas ubicadas en ecosistemas costeros, la facultad única para emitir permisos es de la federación, por lo que se interpusieron demandas de amparo contra el ayuntamiento de Playa del Carmen y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema).
La entrevistada señaló que el impacto en la biodiversidad de Playacar ha sido alarmante, con especial afectación en la población de venados cola blanca que habitan la zona; estos animales han sido desplazados de su hábitat natural debido a los desmontes ilegales, y no existe certeza sobre los protocolos de reubicación que deberían seguir las autoridades.
Asimismo, la asociación señala una grave omisión por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pues a pesar de que se supone que existían órdenes de clausura previas, inspecciones ciudadanas recientes confirmaron que no hay sellos visibles en el sitio y que los trabajadores continúan con las labores de construcción de forma ininterrumpida.
Incluso tras haber obtenido una suspensión federal otorgada por un juzgado recientemente, la obra Macondo sigue activa, lo que representa un desafío frontal a las resoluciones judiciales.
Edición: Fernando Sierra
