Ciudadanos de Mahahual solicitan a la SCJN definir el alcance del acceso a la justicia ambiental

La petición sostiene que la intervención de la Suprema Corte permitiría establecer criterios nacionales
Foto: DMAS

La asociación civil Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) informó mediante un comunicado que, junto a un grupo de ciudadanos, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer un caso histórico sobre justicia ambiental en Mahahual; la petición busca que la SCJN defina, por primera vez, el alcance del acceso a la justicia ambiental frente a modificaciones de Programas de Desarrollo Urbano que pueden afectar ecosistemas y comunidades. 

“A nombre de ciudadanos de Mahahual, el pasado 9 de junio presentamos una solicitud formal ante la SCJN para que revise la situación de los tres recursos de queja relacionados con la modificación del Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual, Quintana Roo. La solicitud fue presentada ante la Presidencia de la Suprema Corte para que se revisen los recursos de queja 76/2026, 112/2026 y 113/2026 que existen ante el Primer Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Quintana Roo, derivados de los juicios de amparo 57/2026, 129/2026 y 134/2026”, detalla el comunicado. 

La solicitud plantea que el asunto reúne los requisitos constitucionales de interés y trascendencia para ser resuelto por el máximo tribunal del país. La petición expone que tres grupos distintos de ciudadanos promovieron juicios de amparo contra las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual; sin embargo, ninguno de ellos ha podido obtener un análisis de fondo de sus planteamientos debido a resoluciones que calificaron de manera distinta la naturaleza jurídica de los actos reclamados, lo que derivó en el desechamiento de las demandas.

La solicitud sostiene que la intervención de la Suprema Corte permitiría establecer criterios nacionales sobre temas de enorme relevancia, entre ellos: el alcance del derecho humano a un medio ambiente sano frente a los Programas Municipales de Desarrollo Urbano; el reconocimiento del interés legítimo de las comunidades para impugnar decisiones de planeación urbana que puedan afectar su entorno y los plazos para acceder al juicio de amparo en materia ambiental bajo una interpretación que garantice el acceso efectivo a la justicia, conforme a la Constitución y al Acuerdo de Escazú. 

Busca garantizar también la aplicación de principios ambientales como el principio precautorio, el principio de participación ciudadana y el principio in dubio pro natura en la planeación del territorio.

“Los promoventes consideramos que la resolución de este asunto tendría efectos que trascienden a Mahahual, pues podría definir el estándar nacional para la protección judicial de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y sobre todo fortalecer el acceso a la justicia ambiental en beneficio de comunidades de todo el país”, concluye.




Edición: Estefanía Cardeña


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