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Miguel Améndola
05/08/2026 | Tulum, Quintana Roo
Un reconocimiento efectivo para los pueblos originarios debe garantizar el ejercicio de su libre determinación y la autonomía, incluyendo sus sistemas normativos, formas de organización y de gobierno, opinó el cronista del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Carlos Chablé Mendoza, respecto a la socialización de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
El también escritor manifestó su desconfianza ante el anuncio de una nueva consulta nacional para elaborar dicha ley y advirtió que la misma no debe convertirse en una simulación política para legitimar decisiones gubernamentales.
Actualmente se realizan a nivel nacional las asambleas regionales y las mesas de trabajo del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
En Quintana Roo se llevará a cabo una de esas asambleas, el próximo 21 de agosto, en el domo doble ubicado en la calle 63, número 762, colonia Cecilio Chi, en el municipio Felipe Carrillo Puerto, dirigida al pueblo maya, ch'ol y pluricultural.
Chablé Mendoza afirmó que, a su juicio, hasta ahora no se ha demostrado una voluntad política suficiente para hacer valer los derechos ya reconocidos por el Estado mexicano, razón por la que persiste el escepticismo de diversos sectores indígenas frente a una nueva consulta nacional.
Consideró que existen antecedentes de consultas cuyos resultados no se han traducido en el pleno reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos originarios. Como ejemplo, mencionó los proyectos ferroviarios impulsados en el sur del país, los cuales, dijo, han impactado territorios, biodiversidad y diversos derechos de comunidades indígenas en Oaxaca, Chiapas y la Península de Yucatán.
El cronista recordó que en septiembre de 2021 fue entregada al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador una iniciativa de reforma indígena derivada de una consulta organizada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Posteriormente, el 5 de febrero de 2024, el Ejecutivo federal presentó una iniciativa de reforma constitucional para reconocer a las comunidades indígenas y al pueblo afromexicano como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
No obstante, señaló que ese reconocimiento ya está contemplado desde hace tres décadas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumentos que forman parte del marco jurídico mexicano, pero que, afirmó, continúan sin aplicarse plenamente.
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Edición: Fernando Sierra
