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Miguel Améndola
03/09/2026 | Tulum, Quintana Roo
El Sindicato de Taxistas “Tiburones del Caribe” puso en circulación un nuevo tabulador dividido en 24 zonas y lo presenta ante los usuarios como “Tarifario oficial”, aunque el documento no muestra número de acuerdo, firma, sello, fecha de autorización ni referencia a una publicación del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo).
La revisión de las tarifas revela incrementos importantes frente al tabulador estatal de 2019. Uno de los casos más extremos se registra en La Veleta, donde un recorrido que costaba 31 pesos pasó a dividirse en tres zonas, con tarifas de 50, 80 y hasta 100 pesos. En Veleta Zona 3, el aumento llega a 222.6 por ciento. También destacan los recorridos Centro–Yaax Tulum, que pasaron de 32 a 70 pesos, y Centro–Zona Arqueológica, de 49 a 90 pesos.
El sindicato sostiene que el nuevo esquema busca brindar certeza a los pasajeros. Su secretario general, Manuel Enrique Solís Alcocer, informó además que los colectivos de la ruta Tulum–Playa del Carmen tendrán una imagen uniformada y tarifarios homologados mediante códigos QR, que también serán colocados en los paraderos para que los usuarios conozcan los precios antes de abordar.
Foto: Taxistas Tulum
Sin embargo, la transparencia del tarifario no sustituye la autorización de la autoridad competente.
La Ley de Movilidad de Quintana Roo establece que las tarifas deben ser establecidas y publicadas por el Instituto, mientras que los concesionarios están obligados a exhibir aquellas que hayan sido previamente aprobadas.
El problema central, por tanto, no es únicamente cuánto aumentaron las tarifas, sino quién autorizó esos incrementos. La nueva división de 24 zonas, frente a las 18 contempladas en 2019, permite establecer cobros diferenciados en colonias y zonas turísticas, sin que el material difundido explique públicamente el estudio técnico, la resolución administrativa o el mapa oficial que sustente esos cambios.
Si el Imoveqroo aprobó el tabulador, debe hacerlo público y explicar desde cuándo está vigente. Si no lo autorizó, corresponde ordenar su retiro y precisar cuánto deben pagar actualmente residentes y visitantes.
Un código QR puede facilitar la consulta, pero no convierte por sí mismo una tarifa sindical en una tarifa oficial. Mientras la autoridad no aclare su validez, el pasajero queda expuesto a cobros discrecionales y a la incertidumbre sobre quién tiene realmente la facultad de fijar el precio del servicio.
Edición: Emilio Gómez
