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La Jornada
07/09/2026 | Ciudad de México
Lilian Hernández y Emir Olivares
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la empresa Vulcan Materials todavía puede interponer una controversia al no estar conforme con la compensación de entre 15 y 17 millones de dólares que se había determinado en una resolución judicial por los daños derivados de la extracción minera de roca caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Al señalar que la zona mantendrá su estatus de área natural protegida, comentó que puede haber una apelación por parte de la empresa a la resolución que se había aprobado, por lo que deben esperar.
“Seguimos en conversaciones con Vulcan y ellos piden sacar el material y nosotros queremos la remediación de ese lugar y, al mismo tiempo, que el puerto se ajuste para otros fines por ser un puerto tan importante y pueda entrar al esquema de uso federal para privados y es lo que estamos platicando y que haya remediación”.
No obstante, recordó que los jueces resolvieron que el resarcimiento que pedía Vulcan al Estado mexicano era excesivo y debía ser menor a lo solicitado, (como el 1 por ciento de lo que había demandado la empresa), por lo que aún puede apelar.
Recordó que Vulcan tiene una concesión del puerto, las cuales ya no se otorgan, pero tiene la concesión que sólo se usaba para sacar material pétreo de esa mina y, por tanto, siguen en negociaciones.
Al ser cuestionada sobre otra zona en Quintana Roo, donde la gobernadora Mara Lezama busca construir un “polo del bienestar”, proyecto que ha presentado ante inversionistas estadounidenses, la mandataria federal aseguró que “no está aprobado el lugar donde se desarrollaría ese polo financiero”.
Por tanto, apuntó que la gobernadora está proponiendo otros lugares porque “la selva no puede convertirse en un centro financiero”.
Por otro lado, la mandataria federal admitió que los reglamentos de las reformas a la Ley de Minería siguen pendientes, a pesar de que éstas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en mayo de 2023, por lo que lleva tres años sin contar con dichos reglamentos.
Edición: Ana Ordaz
