Una de las mayores interrogantes es quien verificará que se cumpla el libre acceso a las playas. En el caso de Quintana Roo, con 900 kilómetros de litorales, las autoridades ambientales federales no han definido si enviarán más personal para esta tarea.
Consultada respecto a la reforma a la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente Estatal (Sema) reiteró que este es un tema que compete a la federación.
Si bien están determinadas multas de entre tres mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente y que corresponden a un máximo de un millón 42 mil 560 pesos, a quien impida el libre acceso a las playas, la legislación no establece quién o quiénes verificarán el cumplimiento.
Hasta ahora, solamente los municipios de Solidaridad y Tulum ha recibido la visita de personal de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), tras lo cual emitieron un comunicado de prensa anunciando que entregarán 21 nuevos accesos al mar en la Riviera Maya en los próximos meses.
Sin embargo, en destinos donde el acceso es más complicado, como Cancún, no se han establecido las bases de operación. Hasta ahora los hoteleros han argumentado que no existen las condiciones para hacer cumplir este decreto, fuera de los accesos públicos que ya existen, principalmente porque se violentaría la seguridad y propiedad privada.
Han reiterado que hay mucha ambigüedad en el decreto y que es precisamente por ello que la Asociación de Hoteles de Cancún no ha dado una versión oficial de los hechos, por considerar que aún no hay algo ante qué declarar.
Edición: Ana Ordaz
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