El Poder Legislativo ha sido notificado formalmente de una resolución judicial para dotar de agua potable a las comunidades de Caña Brava y Felipe Ángeles, ubicadas en la zona limítrofe con Campeche. Con estas suman tres poblaciones que logran por esta vía que se obligue al estado de Quintana Roo a cumplir con este servicio que, de cumplimentarse, beneficiaría a otras siete localidades.
El representante legal, Andrés Blanco Cruz, recordó que a mediados de noviembre el Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Chetumal, otorgó una sentencia a favor de los habitantes de Caña Brava para obtener el derecho humano al agua potable. Lo anterior derivado de un amparo interpuesto por sus habitantes.
Precisó que con ello el Poder Legislativo también deberá destinar un presupuesto para que la comunidad de Caña Brava, así como las de Guillermo Prieto y Felipe Ángeles, sean dotadas de agua potable.
“El Congreso deberá destinar un presupuesto suficiente, sólo maneja el de Guillermo Prieto y las otras comunidades se ubican en el mismo acueducto, y lo que dice la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) es que se construiría un acueducto de 35 kilómetros desde Dos Aguadas, lo cual va a beneficiar a 10 comunidades, no obstante que el amparo aplica en tres”, explicó Andrés Blanco.
De acuerdo con datos del litigante, el titular de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo, les habló de una inversión estimada de unos 100 millones de pesos, y el Congreso, al cumplir con Guillermo Prieto cumpliría con el amparo de las otras dos comunidades.
Detalló que, en reciente reunión con Mora Vallejo, les habló de la delimitación del proyecto, tal como ocurrió cuando se cumplimentó un fallo judicial a favor de los habitantes de San Antonio Soda, en donde la administración actual invirtió 50 millones de pesos y que trajo beneficios a la comunidad de Caobas.
“Básicamente lo que más cuesta es la construcción del acueducto y es menor costo la red interna”, dijo. Hace un par de semanas, la XVI Legislatura fue notificada, pero aclaró que hace un mes se había pedido que se cubriera Felipe Ángeles. Cabe mencionar que estas comunidades están en la zona en litigio con Campeche.
A finales de septiembre, al conocerse la primera sentencia a favor de unos 700 habitantes de Guillermo Prieto, el secretario de gobierno, Arturo Contreras, consideró esta sentencia como una contradicción, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto la controversia constitucional que mantiene en disputa esta zona con los estados de Yucatán y Campeche.
Edición: Laura Espejo
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