Carlos Águila Arreola
LA Jornada Maya

Cancún. Quintana Roo es la segunda entidad mexicana donde más se agrede a la prensa, incluso por encima del estado de Veracruz, reveló la organización internacional Artículo 19.

Al presentar el reporte Estado de censura: Informe 2014 sobre la violencia contra la prensa, el miércoles 25 de marzo, Darío Ramírez Salazar, director de la organización internacional defensora de los periodistas, con sede en Londres, Inglaterra, citó el caso de Pedro Canché Herrera, activista maya que el lunes 30 de marzo cumplió siete meses en prisión acusado de supuesto “sabotaje”.

Artículo 19 alertó que el periodista maya Canché Herrera está encarcelado desde agosto de 2014 tras denunciar la represión contra las personas de esa etnia; incluso fue torturado por policías municipales antes de ser ingresado al penal del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

El organismo incluso abrió un blog para que el comunicador pudiera narrar su historia en prisión, después que el director de la cárcel –por órdenes gubernamentales– decidió quitarle papel y pluma para evitar que escribiera, denunció Ramírez Salazar.

Deficiencias

En la presentación también se mencionó el caso de Luces del Siglo, un semanario de Quintana Roo cuya versión digital ha sido clonada más de 62 veces, y la impresa ocho; el presunto autor es el gobierno estatal, que incluso llegó a distribuir ejemplares falsos en un evento oficial, según denuncia de Norma Madero Jiménez, directora de la publicación.
Del total de ataques contra periodistas y medios que Artículo 19 registró en 2014, las agresiones físicas o materiales corresponden a 43 por ciento; las intimidaciones fueron 16 por ciento, las detenciones arbitrarias 14 y las amenazas 13 por ciento.

El Distrito Federal “es donde más se agrede a la prensa”, seguido por los estados de Quintana Roo y Veracruz, detalla el reporte Estado de censura.
Artículo 19 considera que las dependencias mexicanas son “ineficientes” para perseguir las agresiones contra la prensa.

Anuncian iniciativas

Tras el señalamiento, y en medio de una persecución sin precedentes contra periodistas en la entidad, el jueves 26 de marzo el diputado panista Sergio Bolio Rosado presentó al pleno del Congreso estatal una iniciativa para crear una “ley de protección a las personas defensoras de los derechos y de salvaguarda para el ejercicio de periodismo”.

Horas después, la unidad del vocero del gobierno estatal anunció que el gobernador Roberto Borge Ángulo presentaría a través de la Consejería Jurídica su propia “iniciativa de ley para la protección integral a personas defensoras de los derechos humanos y de la salvaguarda de los derechos para el ejercicio del periodismo en Quintana Roo”.

La dependencia la describió “como un acto verdaderamente ejemplar y marca un hito en el desarrollo y protección, hoy urgente e indispensable, de los derechos humanos”.
De acuerdo con Bolio Rosado, también presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura local, su iniciativa.

propone crear una comisión quintanarroense de protección a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sus colaboradores, detalló. Señaló que los periodistas que se sientan agraviados podrían acudir a esa instancia y ésta podrá aplicar “medidas preventivas, de protección y de protección urgente”.

El diputado Bolio Rosado dijo que espera enriquecer la iniciativa con aportaciones de periodistas y defensores de derechos humanos; empero, reconoció que el tema depende del PRI, que es mayoría en el Congreso local.

Panorama del país

En promedio, cada día se agrede a un periodista en México desde que Enrique Peña Nieto asumió el poder en diciembre de 2012; es decir, las agresiones contra comunicadores se han intensificado en el mismo periodo, y van del homicidio y la desaparición a la tortura, penas de cárcel, clonación de publicaciones y despidos fulminantes, según el reporte de Artículo 19. Es decir, precisa, “cada 26.7 horas se agrede a un periodista” en el país desde que el mandatario asumió.

“Las agresiones contra la prensa casi se duplicaron en comparación con (la presidencia de) Felipe Calderón (2006-2012), en la que se agredía a un comunicador cada 48.1 horas”, señala el informe.

De las 326 agresiones registradas durante el año pasado, 48 por ciento fueron cometidas por funcionarios públicos, según Darío Ramírez Salazar.

En la actual administración “10 periodistas han sido asesinados en posible relación con su labor, y cuatro más han desaparecido”, crímenes que “permanecen impunes”, señala, al enfatizar que la desaparición de comunicadores es un fenómeno que sólo ocurre en México.

Otra organización en defensa de la prensa, Reporteros Sin Fronteras, ubica a México entre los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo, con al menos 82 profesionales de la comunicación asesinados entre el año 2000 y septiembre de 2014.


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