Denuncian red de corrupción de Borge

Joana Maldonado
Foto: Christopher Velázquez /Micphotopress
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Viernes 9 de diciembre, 2016

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), interpuso diversas denuncias administrativas en contra de los ex funcionarios de las Juntas especiales de Conciliación y Arbitraje 1, 2 y 3, de Playa del Carmen por anomalías e inconsistencias detectadas en el proceso de entrega-recepción. Adicionalmente, los presidentes de las Juntas de Conciliación presentaron denuncias penales por la existencia de 15 juicios apócrifos y expedientes que se utilizaron para adjudicarse bienes, residencias, departamentos de lujo y dinero de cuentas bancarias que afectaron el patrimonio de empresarios locales e internacionales, durante la administración de Roberto Borge Angulo.

En conferencia de prensa en Chetumal, la titular de la Secretaría del Trabajo, Catalina Portillo Navarro, anunció que la dependencia a su cargo, ha realizado diversas acciones legales en contra de una red de corrupción que operó para ahuyentar la iniciativa empresarial y reducir el sector productivo, pues se afectaron intereses de inversionistas.

En un primer término, afirmó que diversos particulares ya iniciaron procedimientos penales en contra de las autoridades laborales, presidentes de las Juntas especiales de Conciliación y Arbitraje 1, 2 y 3 y de la ciudad de Playa del Carmen, Elide Maria Meyen Pérez, Alexis Zavala Ávila, Javier Ernesto Rosado Sauri y Javier Ibarra Morales, y contra de quien resulte responsable de los despojos ilegales.

En algunos casos, dijo, algunos Jueces de Distrito o Tribunales colegiados ya están haciendo la restitución de estos bienes inmuebles, como el de la empresa inmobiliaria Ku S. A. de C. V., de Cancún, que fue afectada con bienes inmuebles; así como la empresa inmobiliaria Las Palmeras, que ya recuperó departamentos, cuyo valor oscila entre los cuatro o cinco millones de pesos, y que a través de estas Juntas especiales de Conciliación, se adjudicaron en uno o dos millones de pesos.

Además, señaló que ya está en proceso la recuperación del Hotel Costa Azul, Cabañas Puerta del Cielo y Cabañas Ixchel, ubicados en Tulum y que habían sido adjudicados de manera ilegal, desde el 2012.

Afirmó que no solo participaron los presidentes de las Juntas especiales, sino todo un esquema que incluye a los secretarios de acuerdo y actuarios, quienes hicieron simulaciones sin notificar a los demandados, coartando el derecho de empresarios a una defensa adecuada y de tener conocimiento de que estaban demandados.

La Secretaría del Trabajo dio parte a la Secretaría de la Gestión Pública, para proceder administrativamente en contra de los ex funcionarios o funcionarios que actualmente desempeñan el cargo en dichas Juntas, al descubrirse inconsistencias en el proceso de las actas de entrega-recepción.

Dichas inconsistencias, detalló Catalina Portillo, se derivan de la pérdida o sustracción de expedientes, por el faltante de recursos depositados por particulares, empresas o patrones a favor de los trabajadores, es decir, que los empleados no recibían los pagos realizados.

Por otra parte, también se instruyó a los actuales titulares de los órganos impartidores de justicia laboral, para ejercitar las acciones legales correspondientes, con lo que los actuales presidentes de las Juntas, presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia al detectarse 15 juicios apócrifos y simulación de actos procesales que se utilizaron para adjudicarse bienes, residencias, departamentos de lujo y dinero de cuentas bancarias afectando el patrimonio de diversos empresarios quintanarroenses, inversionistas nacionales e internacionales.

“Se trata de diversas denuncias para integrar las pruebas en cada expediente y, en su caso, se vincular a proceso y ejercitar la acción penal, de acuerdo a la responsabilidad de las conductas ilícitas y de acuerdo al grado de participación y actuaría”; agregó que con esto se realiza la contención para que estos actos ya no se repitan.

[b]Modus operandi[/b]

A través de las Juntas especiales de Conciliación y Arbitraje, se simularon juicios laborales “que no tenían ningún impulso procesal”.

La funcionaria explicó que “con ese mismo número retiraban la demanda anterior e ingresaban las nuevas actuaciones y los supuestos trabajadores, que eran abogados demandando a empresas, incluso es muy probable que las firmas de los actuarios sean apócrifas”.

“Celebraban el convenio para pagar y ganaban para ellos y se imponía una multa; lo dejaban pasar, nunca cumplieron; eran amañados esos juicios y llegado el momento se tenía que hacer la ejecución y se adjudicaban los bienes inmuebles de los cuáles ya se tiene conocimiento”.