Texto y foto: Joana Maldonado
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Miércoles 14 de septiembre, 2016

En sesión ordinaria, la mayoría de los diputados de la XV Legislatura, dieron entrada a las primeras iniciativas que buscan revertir “el paquete de impunidad”, del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Con la mayoría implícita, el próximo jueves se aprobarían estas reformas relacionadas con la temporalidad de los escoltas de funcionarios públicos y las sanciones contra funcionarios que infrinjan la Ley.

El bloque de legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Encuentro Social (PES), Nueva Alianza (NA), Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), y el independiente, Juan Carlos Pereyra lograron nuevamente imponer mayoría al sumar 13 votos en contra de diez de los diputados del Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Durante la sesión, se dio entrada a la iniciativa presentada para reformar y derogar disposiciones al Código penal para restablecer sanciones ya contempladas en contra de servidores públicos que “actúen de manera irresponsable y criminal” y que puedan ser castigados de manera adecuada.

También se ingresó a Comisiones, la iniciativa del decreto para reformar las disposiciones a la Ley de Seguridad Pública del estado, por el que se dejan sin efecto medidas como la ampliación al servicio a servidores públicos hasta por ocho años, y 15, en el caso del gobernador; además del establecimiento de confidencialidad en la información de los escoltas, la determinación discrecional del número de éstos y recursos materiales; y la integración de diputados como sujetos de protección.

En otro tema, la mayoría de los diputados dieron entrada al punto de acuerdo para que se haga una revisión a las irregularidades en el proceso de renuncia, convocatoria, sustitución, nombramiento y requisitos de procedibilidad del Auditor del Órgano de Fiscalización Superior.

El coordinador del PRI, Raymundo King, consideró que esta no era la vía por la que los diputados deban observar ilegalidades y violaciones para determinar la remoción y emitir un decreto para elegir a un nuevo Auditor; sin embargo, el Presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, subió a tribuna para hacer expreso que “el que nada debe nada teme”, por lo que se haría la revisión al interior de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para hallar las irregularidades en el nombramiento de Javier Zetina como Auditor.

Finalmente, de obvia y urgente resolución, los diputados dieron el aval para reformar el Presupuesto de Egresos del estado, para el ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento a la sentencia a favor de los ciudadanos de la comunidad de San Antonio Soda, dictada en el juicio de amparo número 575/2015-I-A radicado en el Juzgado Primero de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito Judicial Federal, en relación a su derecho al agua potable.


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