Carlos Águila Arreola
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La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Lunes 11 de julio, 2016

El juez primero de distrito, con sede en Chetumal, resolvió a favor un amparo desde hace tres meses, que habitantes de la comunidad de San Antonio Soda, en la zona limítrofe con Campeche, interpusieron para reclamar el servicio de agua potable del que carecen desde hace más de medio siglo.

Con copia de la sentencia en mano, el ex delegado y representante de los ciudadanos, Andrés Blanco Cruz, recordó que se ordenó a los diputados modificar el Presupuesto estatal de Egresos 2016 y destinar los recursos necesarios “para crear la infraestructura y dotar de agua potable a las más de 500 familias que habitan la comunidad”.

Desde marzo pasado, el juzgado notificó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) la sentencia que la obliga a construir un acueducto con una inversión superior a 70 millones de pesos; sin embargo, a la fecha, el poblado continúa en espera de que les cumplan.

Cuando se está pidiendo auditar al gobierno estatal, Pedro Flota Alcocer, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, sostiene que “la decisión es correcta pero no hay condiciones económicas para cumplirla”.

Blanco Cruz, representante jurídico de los habitantes de la comunidad, señaló que la dependencia solicitó la revisión de amparo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, cuyos magistrados deberán resolver a más tardar en cuatro semanas, a inicios del mes de agosto.

“Estamos esperando la respuesta; insistimos en pedir a las autoridades de la Comisión de Agua que atiendan la demanda de tener en nuestras casas agua potable para consumo humano”, sostuvo.

Ante las declaraciones de Flota Alcocer, quien argumentó que “las condiciones económicas del estado hacen imposible acatar la resolución”, el jurista precisó que entienden, pero exigió que pueden distribuir agua suficiente, aunque sea con pipa, pero a un costo razonable.

La semana pasada quedó en evidencia cómo el gobierno del priísta Roberto Borge Angulo vendió el refrendo de las concesiones para la venta de agua potable en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, así como la privatización del servicio por primera vez en el municipio de Solidaridad, hasta 2053.

Blanco Cruz comentó que a la fecha los afectados continúan consumiendo y bebiendo agua de jagüey –ollas de agua, aljibes– debido a que no se ha atendido ninguno de los ordenamientos del juez.

“Nos han atendido más por nuestras plegarias, que por el mandato del juez federal. Ahorita tenemos agua, porque hemos rezado que llueva y ya llovió, las aguadas se han llenado otra vez, pero CAPA continúa sin atender la sentencia, y las peticiones del pueblo”, precisó el representante jurídico de la comunidad de San Antonio Soda.


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