Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún
10 de marzo, 2016

En los últimos 18 años, el PRI en Quintana Roo ha recurrido a todo para impedir que la oposición y sus candidatos lleguen al poder estatal.

Hoy, como sucedió con Salvador Ramos Bustamante (1998), Juan Ignacio Chacho García Zalvidea (2002 y 2005) y Gregorio Sánchez Martínez (2008 y 2010), se lanza contra Carlos Manuel Joaquín González y, junto con la alianza que formó con el PVEM-Panal, impugnó la resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

La queja se refiere a la aprobación y registro de la coalición PRD-PAN por considerar que “se incumplieron los requisitos indispensables para su conformación, lo que representa una violación a los principios de certeza, objetividad y legalidad”.

“El PRD no cumplió con acreditar que la coalición fuese aprobada por su Consejo Estatal, lo que constituye un requisito indispensable para tener por demostrada la voluntad partidista y acreditar sus verdaderos intereses políticos, electorales y, sobre todo, la estrategia en el proceso electoral para elegir gobernador de Quintana Roo”, argumentó en los agravios.

Añadió que “si bien el CEN del PRD tiene facultades para suscribir convenios de coalición, esa potestad no es discrecional ni opera en automático, ya que necesita la aprobación previa del Consejo Estatal”.

En respuesta, el presidente estatal del PRD, Emiliano Ramos Hernández, calificó la impugnación como otra argucia legal con la que el gobierno y el PRI pretenden descarrilar la candidatura de Joaquín González mucho antes de que inicie el proceso electoral, lo que de antemano denota temor a ser derrotados.

“Nosotros respondimos la impugnación explicándoles y documentando que, primero, el Consejo Nacional autorizó que el Comité Nacional pudiera suscribir el convenio de coalición que considerara pertinente; es decir, el Comité Nacional tiene facultades para aprobar convenios en todos los estados.

“Segundo, documentamos que efectivamente el consejo de diciembre nos faculta la alianza con el PAN y que el Comité Nacional está facultado para firmar esos convenios de coalición; y por si fuera poco presentamos una impugnación en el mismo sentido, ellos también tienen que acreditar qué órgano intrapartidario les aprobó la coalición PRI-PVEM-PANAL.”

Ramos Hernández explicó que si el Tribunal Electoral de Quintana Roo, controlado por el gobierno estatal, concede la impugnación contra el PRD-PAN, los magistrados también estarían obligados a aplicar el mismo criterio a la alianza PRI-PVEM-PANAL.

“Hace muchos años que el gobierno y su partido han venido demostrando que no saben jugar limpio, que recurren a la trampa, las argucias y hasta el encarcelamiento de candidatos opositores para seguir controlando el poder”, dijo.

Y recordó cómo en 1998 tuvieron que encarcelar a Salvador Ramos Bustamante para evitar que fuera candidato a gobernador; después, en 2005, metieron tras las rejas a Juan Ignacio García Zalvidea para evitar que fuera nominado candidato a senador.

Y en 2010, en plena campaña electoral, repitieron la misma dosis con Gregorio Sánchez Martínez para limpiarle el camino al ahora gobernador Roberto Borge Angulo, quien ganó las elecciones sin contrincante enfrente.


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