Foto: Gobierno del Estado
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Jueves 15 de noviembre, 2018
Durante la instalación de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral en la entidad, la secretaria de Trabajo y Previsión Social Catalina Portillo Navarro señaló que sus funciones serán elaborar las políticas y los programas necesarios para instrumentar en el estado la reforma constitucional de diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral, y en el decreto de reforma y adición en los artículos 92 y 97 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
La comisión también promoverá las reformas al marco legal aplicable a los poderes ejecutivo y judicial para alinearlos en la reforma federal, y coordinar esfuerzos para la capacitación del personal que formará parte del nuevo sistema de justicia, y detalló que con esta comisión se impulsa la impartición de justicia laboral imparcial, pronta y expedita.
Asimismo, añadió que las reformas constitucionales modifican radicalmente el sistema de impartición de justicia actual.
“La resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de juzgados laborales dependientes del poder judicial y la función conciliatoria será responsabilidad de un organismo del poder ejecutivo, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión”, explicó.
De acuerdo con “México, ¿cómo vamos?”, Quintana Roo es líder en la generación de empleo en el país, con casi 50 mil nuevas plazas creadas en lo que va del año, lo que genera más y mejores oportunidades para que la gente viva mejor.
La nueva comisión, integrada por representantes de los tres poderes, tiene bajo su responsabilidad impulsar y llevar a cabo las transformaciones de fondo en el sistema actual de justicia laboral en Quintana Roo, que permita hacer eficiente y eficaces los procedimientos y las actuaciones de los entes públicos que participan en la impartición de la justicia del trabajo.
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