La Jornada Maya
Foto: Prensa María Hadad
Chetumal, Quintana Roo
Jueves 11 de octubre, 2018
La regidora del cabildo de Othón P. Blanco, María Hadad Castillo, presentó este miércoles la primera denuncia en Quintana Roo por el delito de violencia política contra la mujer, con la que se abrió la carpeta de investigación en contra del titular de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Othón P. Blanco.
María Hadad, se presentó en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género en donde se abrió la carpeta de investigación FGE-UROPB/1059572018.
Cabe destacar que es la primera denuncia que se presenta en el estado por este delito.
En la denuncia, la regidora del ayuntamiento capitalino, manifestó que este 9 de octubre luego de una manifestación de apoyo al presidente municipal Hernán Pastrana Pastrana, de manera oficial se emitió un comunicado y fotografías en las que se hicieron demostraciones en su contra, lo que consideró un acto de violencia política.
“En los hechos de ayer el director de comunicación social difundió imágenes que buscan denostar mi ejercicio político, considero que es a consecuencia de señalar los actos de nepotismo en los nombramientos realizados por el presidente municipal”, expresó María Hadad.
La regidora relató que los manifestantes gritaban consignas contra los regidores que han votado en contra del nepotismo en la administración municipal de Othón P. Blanco, “particularmente he sido una regidora que ha levantado la voz para que los ciudadanos sepan lo que está pasando en el municipio”, destacó.
De acuerdo con el artículo 133 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, de comprobarse los hechos el o los responsables podrían ser acreedores a sanciones económicas que van de los 100 a 400 UMAS, prisión de 1 a 5 años, y cuando se trata de un servidor público podría ser la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñarse en institución públicas.
María Hadad dijo que espera que esta denuncia sirva para que mujeres que han sido violentadas como represalia por el ejercicio de su función pública, estén seguras de que pueden salvaguardar sus derechos.
“Mi postura es firme, en que se trata de un acto de violencia política y llegaremos hasta las últimas consecuencias” concluyó María Hadad.
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