La Jornada Maya
Foto: FGE
Chetumal, Quintana Roo
Viernes 10 de agosto, 2018
En menos de un año, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha recuperado 51 millones 300 mil pesos y logrado sentencias condenatorias contra exfuncionarios de la pasada administración que incurrieron en desempeño irregular de la función pública.
Los resultados obtenidos por esta instancia, que incluyen la vinculación a proceso de otros 23 exservidores públicos, motivaron que Quintana Roo sea considerado como sede de Anticorrupción.
Este evento, que se realizará en septiembre próximo en Cancún, permitirá también que se conozcan otros logros como el aseguramiento de 139 predios y la recuperación de un par más que de manera irregular fueron despojados del patrimonio del Estado.
Durante los últimos dos años, la actuación de las diferentes instancias que conforman la Fiscalía General del Estado han permitido incluso reconocimientos nacionales, como fue el caso del INEGI por ser la primera del País que cumplió con el Censo Nacional de Justicia Estatal.
La labor ha sido intensa en todas las áreas y a manera de ejemplo se puede, por igual, citar el caso de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, que ha logrado un acumulado de 238 años en sentencias y seis veredictos condenatorios.
Adicionalmente, se encuentran en investigación otros 12 casos de presuntos feminicidios, que podrían también generar condenas históricas contra los responsables.
En materia de atención especializada, resalta el Centro de Justicia para las Mujeres, que en tres meses ha brindado mil 333 servicios de representación jurídica, consultoría, atención médica y psicológica, entre otros.
También se han realizado esfuerzos presupuestales importantes en materia de infraestructura, que precisamente en los últimos dos años supera los 83 millones de pesos.
En este rubro destaca por supuesto la inversión de 50 millones de pesos del nuevo edificio de Justicia Penal, otros 25 millones en trabajos de ampliación, remodelación y equipamiento de instalaciones ubicadas en seis municipios y ocho millones más en el Centro de Justicia para las Mujeres.
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