El asesinato de Victoria, mujer originaria de El Salvador, quien murió a manos de la policía en Tulum, revela varios problemas sociales latentes que no han sido atendidos: violencia de género, discriminación contra las personas migrantes, abuso policiaco, entre otros, señaló Renata Demichelis Ávila, coordinadora de la Oficina en México de Elementa DDHH.
Indicó que este caso, junto al feminicidio en Holbox, reflejan la deshumanización y la normalización de la violencia que impera en el país. Se necesita una reconstrucción del sistema de instituciones donde se contemplen mejoras a las condiciones laborales de las y los policías, entre otras cosas.
Comentó que los hechos en Quintana Roo ponen en evidencia varias cosas: no se trata sólo de un tema de género, sino que también de discriminación racial, de clases, de un sentimiento antinmigrante, que ha venido creciendo, aunado a la nula capacidad de las corporaciones policiacas para seguir los protocolos adecuados.
Para la activista, todo esto confluye y hace que una mujer como Victoria sea más vulnerable a este tipo de situaciones, en comparación con cualquier otra mujer turista. “Esto cimbra y prende muchas alertas”; además, añadió, es algo que ocurrió en la vía pública a la vista de muchas personas, y ni siquiera pidieron una ambulancia: el cuerpo fue colocado en otra patrulla.
Esto, según expuso, habla de una falta sensibilización, pero también de una ignorancia absoluta de los protocolos y lo normalizado que están estos casos. “Se murió una mujer más, pero no se murió, la mataron”, sentenció. Está tan normalizado, precisó, que ya hay una completa desconexión y deshumanización de las implicaciones que esto tiene, por parte de las autoridades y de la sociedad. “Este tipo de violencias ya no son sostenibles”, expresó.
De acuerdo con Demichelis Ávila, las exigencias dejan de ser únicamente para atacar la violencia de género, sino estos otros problemas sociales. “Una violencia que afecta de forma desproporcionada y particular a mujeres que tienen distintas identidades", expresó.
Reconstrucción del sistema
La especialista en Derechos Humanos indicó que urge la reconstrucción y el replanteamiento total de las instituciones del Estado; el problema no se resuelve sólo metiendo a la cárcel a los implicados de este asesinato, se tiene que ver desde un punto de vista más profundo y estructurado, porque todo parece indicar que “nada de lo que se está haciendo está funcionando”, sentenció la especialista.
Añadió que se deben pensar en nuevas formas de justicia restaurativa, que ataquen directamente el problema de raíz, no sólo se trata de capacitar a los elementos policiacos, para que cumplan los protocolos de seguridad y derechos humanos, sino también mejorar sus condiciones, ofrecerle un salario digno, jornadas laborales adecuadas.
Opinó que se deben evaluar los perfiles de los altos mandos, quienes igual cometen o solapan los abusos contra la ciudadanía, quienes muchas veces se van de un estado a otro, pero siguen cometiendo los mismos patrones de violencia.
Estado, responsable de las muertes
Fátima Gamboa Estrella, codirectora de Equis Justicia para las Mujeres, recalcó que el asesinato de Victoria es el reflejo de esta violencia generalizada y sistemática que padecen las mujeres en todo el país. “No sólo nos están asesinando en el espacio privado, sino también en el público, laboral y comunitario”, subrayó.
El Estado, manifestó, es responsable de todas estas muertes, pues ha omitido implementar acciones, destinar presupuesto, capacitación para sus servidores públicos para prevenir la violencia. Los agentes, quienes son los asesinos, no utilizaron ningún tipo de protocolo para atender este caso, el lugar de auxiliar, la detuvieron y torturaron. Hicieron un uso excesivo, desproporcionado de la fuerza pública en contra de una mujer, sin alguna justificación, señaló.
Coincidió con Renata Demichelis: debe analizarse toda la cadena de mando, las personas responsables del actuar de estos cuatro policías municipales, desde la Secretaría de Seguridad, hasta el presidente municipal y gobierno del estado para garantizar que los departamentos reciban una capacitación real en perspectiva de género y derechos humanos y los elementos cumplan con los perfiles que se necesitan para la seguridad de la ciudadanía.
Las mujeres, apuntó, no sólo exigen castigo, sino una investigación más a fondo, que atienda las estructuras y la forma en cómo funciona la policía y el gobierno, determinar qué acciones hacen para prevenir este tipo de violencia y que haya un compromiso por parte del municipio y del estado de no repetición.
Edición: Laura Espejo
