Después de tres años de haber sido víctima de violencia digital, la Fiscalía General del Estado (FGE) dictó medidas de protección a favor de F.V.F., una menor de edad cuyo contenido íntimo fue difundido, y ahora un asesor victimal de dicha instancia se niega a llevar el caso si es acompañada por una abogada feminista. El colectivo Xtabay Quintana Roo demanda a la instancia contar con personal capacitado que enarbole el principio pro persona.
La madre de la menor de edad, Elvira Chel May, interpuso la denuncia el 23 de mayo de 2018 en el municipio de José María Morelos, y quedó asentada en el número de carpeta de investigación FGE/QR/JMM/05/159/2018. En ella se acusó a dos menores de edad, de iniciales F. V. F. y J. I. V. F., de haber almacenado, distribuido y difundido en redes sociales fotografías íntimas de la menor de edad, con contenido erótico, sin su consentimiento ni autorización, causándole daños y perjuicios.
El colectivo feminista acusa que hubo una actitud omisa y negligente por parte de la fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, Ángela Flores, por no haber investigado y demostrado la responsabilidad de los imputados, cuyo delito era pornografía infantil, pues hasta septiembre de 2020 fue aprobada la ley Olimpia, que sanciona el hecho como violencia digital.
Acusan a la asesora victimal Liliana García Arguijo de dificultar el acceso de la víctima a la justicia, al no brindar la correcta asesoría jurídica y revictimizar a la menor, señalaba que era culpa de la menor por enviar las fotos.
La víctima se puso en contacto con el colectivo Xtabay Quintana Roo, y el pasado 21 de abril la fiscal Silvia May, adscrita a la fiscalía especializada de delitos contra la libertad sexual y libre desarrollo de la personalidad, se declaró incompetente para conocer de los hechos y turnó la carpeta de investigación a la Fiscalía especializada para niñas, niños y adolescente zona 2, ubicada en Felipe Carrillo Puerto.
Después de haber transcurrido tres años de estos hechos, se dictaron las medidas de protección, pero al asignarse como asesor victimal a Marcos Miguel Medina Solis, éste señaló que no podía llevar el caso si se acompañaba de una abogada feminista.
Razón por la que se comenzó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del estado por violación a los derechos para lograr una disculpa pública y queja ante el órgano interno de control de la Fiscalía para evitar que servidores públicos sin perspectiva género y que no estén capacitados en el respeto estricto a derechos humanos brinden atención a víctimas.
"Solicitamos a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo contar con personal especializado que conozca el Código Penal del Estado y actúe con base en el artículo 1 constitucional, que enarbola el principio pro persona”, exigen.
Edición: Estefanía Cardeña
