“¡Aborto legal ya! ¡Aborto legal, seguro y gratuito! Son de las principales consignas que se escuchan en las principales plazas públicas de México, América Latina y del mundo. El movimiento feminista y la llamada marea verde grita desde la profundidad de las gargantas y de los corazones desgarrados por todas aquellas víctimas de la violencia de estado por abortar”, dijo Alejandra Novelo Segura, representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al hablar sobre su iniciativa pro aborto.
Con la iniciativa propuesta, reformarían la Constitución Política, el Código Penal y la Ley de Salud, todas del Estado De Yucatán en materia de despenalización del aborto; quedando el Artículo 1 de la Constitución “El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida digna de todo ser humano”.
La definición hacia aborto, contempla, “es la interrupción del embarazo, en cualquier momento del mismo. Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio”.
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Pero la propuesta realizada por la diputada de Morena no solamente incluye el derecho al aborto, sino también penas contra quien haga abortar a una mujer o persona gestante, hecho que de aprobarse aplicaría de tres a ocho años de prisión, y si además empleara violencia física o moral la pena sería elevada de seis a nueve años de prisión.
Si la persona que le hiciera abortar fuera del área de la salud, además de las sanciones mencionadas le sería suspendido su ejercicio profesional entre dos y cinco años.
Considera, igualmente, que la mujer o persona gestante es quien debe decidir sobre su embarazo, por lo cual si alguien intenta hacerle cambiar de opinión con respecto a su decisión, podría ir a prisión entre tres y ocho años, lo cual sería elevado de seis a nueve años si cometiera violencia física o moral.
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En el Capítulo VII, de Derechos Sexuales, Reproductivos y Planificación Familiar propone que la planificación familiar sea prioritaria para reducir las interrupciones del embarazo y mejorar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.
“El gobierno del estado garantizará la gratuidad y acceso a métodos anticonceptivos físicos o de barrera y quirúrgicos, así como a la interrupción legal del embarazo. El gobierno del estado deberá de considerar los recursos necesarios para estos fines en la iniciativa del presupuesto de egresos que presente al Congreso. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos con pleno respeto a su dignidad y autonomía reproductiva”, incluye su propuesta.
La diputada reconoce que, gracias a la lucha feminista, las mujeres ahora gozan de muchos derechos que antes les fueron negados, incluyendo la democracia, sin embargo, “seguimos viviendo violencias cada vez más lacerantes, las conductas sociales que hemos presenciado en los últimos años nos arrojan un panorama de hostilidades sistemáticas que debemos parar de una vez y para siempre”.
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Entre ellas, recuerda que el 7 de septiembre de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que es inconstitucional la criminalización del aborto, brindando, por primera vez, un pronunciamiento sobre el tema para garantizar el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes sin consecuencias penales.
Con esto, apunta, “la Constitución no reconoce el derecho a la vida en sentido normativo, sino que establece obligaciones positivas del Estado para promocionar y hacer efectivos derechos relacionados con la vida; y que ningún instrumento internacional de derechos humanos aplicable en México reconoce a la vida como un derecho absoluto ni exige un momento específico para el inicio de su protección, por lo tanto, México no está obligado a ‘proteger la vida desde la concepción’”.
Enfatiza que la despenalización de esta interrupción del embarazo implica respetar la libertad de este derecho a decidir, desde su salud física, hasta la mental y con respecto a su vida.
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De acuerdo con datos de los Servicios de Salud de Yucatán, del 2000 al 2009, hubo 10 mil 804 abortos, en promedio, mil 80 abortos por año para ese periodo. “Es importante señalar que estos datos son los recaudados únicamente por los Servicios de Salud del estado, empero, no es posible obtener una cifra real de los abortos totales, en donde se incluya aquellos que se practicaron fuera de las instalaciones del gobierno y en donde evidentemente abundan los que se realizaron por encontrarse penalizados de conformidad con lo establecido en el Código Penal actual”
De 2010 a 2021 se promedian aproximadamente mil 407 abortos por año, “estos datos son evidencia pura de una problemática que existe: las mujeres y personas gestantes yucatecas practican el aborto -voluntaria o involuntariamente- estén o no dentro de los supuestos de exclusión de sanción previstos en la normativa penal del estado”.
Edición: Laura Espejo
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