Por Ricardo López Santillán*
Para Martina y su mamá**
El 25 de noviembre es una fecha especial en todo el mundo. Fue hace apenas 21 años que la Organización de las Naciones Unidas decidió que, en este día, a partir de entonces, al mundo entero se nos habría de alertar y sensibilizar en torno a la violencia de la que las mujeres son víctimas. Años antes, en la 85 sesión plenaria, celebrada el 20 de diciembre de 1993, se había acordado un resolutivo que era una “declaratoria sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”. En ese resolutivo, los países miembros acordaron también comprometerse en el diseño de estrategias de muy diversa índole para erradicar por completo todas esas formas de violencia. Esas formas de violencia no fueron abordadas en abstracto o sólo haciendo alusión a lo físico, sexual o sicológico; por el contrario, se afrontaron de forma muy específica definiéndolas en función de ciertos actos que hasta hoy siguen estando muy presentes en el mundo, ya sea a nivel de comunidad, en la escuela, en el trabajo, incluso en el hogar (como se sabe, las mujeres no están a salvo ni en casa). Se enlista y se pide atender y erradicar el abuso, el acoso, la intimidación y la violación sexuales, así como la trata, la prostitución forzada, y otras prácticas así llamadas “tradicionales” como la violencia física, la mutilación genital, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, entre otras.
En lo personal y en lo familiar, también es una fecha muy especial pues coincide con el cumpleaños de mi hija Martina, una niña cuyos padre y madre laboran en la misma actividad profesional y que ha sido educada en los valores de equidad de género y resolución pacífica de las diferencias. Pero ni ella, con las ventajas socioculturales del medio en el que está creciendo, como ninguna otra mujer en el mundo, independientemente de su condición económica, profesional, étnica, religiosa o lo que fuere, está exenta de ser víctima de violencia en varios de los ámbitos de su existencia y a lo largo de sus años de vida. Los datos son aterradores y eso que son sólo la punta del iceberg pues existe un enorme subregistro.
Quien cree que la violencia contra las mujeres es un asunto relacionado con la pobreza, la falta de escolaridad, la condición de vida rural, religiosa y/o étnica, o con ambientes turbios, relacionados con la delincuencia organizada, se equivoca rotundamente. Según los datos de los que disponemos, no son más víctimas de la violencia las pobres, las sin escolaridad, las indígenas, las campesinas, las víctimas de trata o las babes del Narco. O quizás sí, pero como los datos nacionales se basan en una encuesta o en denuncias, las cifras arrojan otro panorama. Son más propensas a ser víctimas las mujeres entre 25 y 34 años (70.1 por ciento), las residentes de zonas urbanas (69.3 por ciento) y las que cuentan con nivel de estudios superiores (72.6 por ciento). En cualquier caso, las cifras deben tomarse con reserva. Partimos del supuesto del ocultamiento desde el ámbito doméstico hasta el institucional y es muy probable que las mujeres con una situación de privilegio estén más empoderadas y dispuestas a denunciar.
Según los últimos datos disponibles de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) del INEGI[i], más de la mitad de las mujeres de 15 años y mayores han sufrido al menos un incidente de violencia por parte de algún agresor distinto a su pareja (53.1 por ciento), y poco menos de la mitad (43.9 por ciento) ha sufrido violencia por parte de su pareja a lo largo de su relación. Llama la atención que la edad para el registro se haya fijado en los 15 años, cuando son aún menores, pero se hace bajo el supuesto de que las relaciones de pareja comienzan por esos años. En total 66 por ciento de las encuestadas a nivel nacional reporta haber sufrido a lo largo de su vida un incidente de violencia de cualquier índole incluida la económica o patrimonial. Otra vez, los datos deben tomarse con cautela. Que no se reporte como víctima de violencia en una encuesta no necesariamente significa que no se haya sufrido. Con esa lectura, el corolario obvio es que sólo un número ínfimo de mujeres en este país no ha sufrido agresiones de uno u otro tipo.
El caso de Yucatán tampoco es prometedor. También son más propensas a sufrir algún tipo de violencia las mujeres entre 25 y 34 años (71.2 por ciento), las que habitan en zonas urbanas (61.9 por ciento) y las que tienen educación superior (79.3 por ciento). En Yucatán, cifras al 2015, sólo hay tres refugios para mujeres e hijos víctimas de violencia de género y sólo un Centro de Justicia para la Mujer especializado en delitos de género.
Hay refugios, centros de atención especializadas, líneas de auxilio, atención de emergencia, un andamiaje institucional gubernamental y de asociaciones civiles que aún con fallas está diseñado para atender, tratar de erradicar la violencia que se ejerce a las mujeres o darle cauce legal (es decir, castigar). Los principales delitos contra la mujer son el abuso sexual y la violación. A nivel nacional, en 2018, representaron el 42.5 por ciento y 37.8 por ciento del total de delitos perpetrados contra mujeres, para Yucatán fue de 61.7 por ciento y 31.9 por ciento, respectivamente. Sin embargo, a nivel nacional son muy pocas las que denuncian la violencia (3 por ciento) o las que piden apoyo a alguna institución (6 por ciento). En Yucatán sólo 5 por ciento denuncia; de hecho, aquí casi la mitad de las víctimas de la violencia (49.6 por ciento) tienden a ocultarlo. El resto lo comenta con amigos o familiares, pero muy pocas acuden con especialistas (19.1 por ciento con psicólogos y 10.1 por ciento con abogados). No sorprende que con estos ocultamientos y silencios la violencia se siga abriendo paso. La forma de violencia extrema, es decir, el feminicidio, muestra desde 2013 una tendencia al alza. A nivel nacional se pasó de 319 casos en 2013 a 962 en 2018. Para Yucatán se pasó de cero casos a nueve en 2017 y luego a siete en 2018.
He presentado datos fríos, que no revelan la tragedia individual o familiar, social, comunitaria y nacional. No hice un análisis de causas o consecuencias. El espacio no permite extenderse a tal punto, sin embargo, para mí era importante visibilizar con estadísticas oficiales y pese a los posibles subregistros que estamos aún muy lejos de lograr un 25 de noviembre libre de violencia contra las mujeres. Esta es una realidad lacerante y más si se ve a la luz de que la protesta feminista muy a menudo también víctima de la violencia –institucional, mediática- contra las mujeres.
***Quiero agradecer a la profesora Marcelina Aceves Herrera, asesora del sector educativo de la Coordinación Estatal Yucatán del INEGI quien siempre me facilita puntualmente los boletines. En este caso hago alusión a los contenidos en el 568/20.
*Investigador CEPHCIS-UNAM
Edición: Laura Espejo
