“Como un recordatorio de la deuda histórica del estado con las mujeres”, se lee en la placa que acompaña la “anti monumenta” instalada por la Red Feminista Quintanarroense a las afueras del Poder Legislativo y que se acompaña de una lista de nombres de mujeres que fueron víctimas de feminicidio en Quintana Roo de 2015 a la fecha.
El grupo de mujeres se mantiene apostado al interior del Congreso del estado y ha anticipado que no claudicarán hasta que la XVI Legislatura otorgue respuesta al pliego petitorio y atienda lo relativo a la legalización del aborto.
La “anti monumenta” fue colocada a un costado del sendero por la igualdad de género, un cruce a las afueras del Congreso del estado nombrado así por diputados de la XIV Legislatura durante el gobierno de Roberto Borge Angulo.
Es la tercera de su tipo en el país: una se ubica en la avenida Juárez de la Ciudad de México y la segunda fue colocada el pasado 25 de noviembre en la Plaza de las Armas, en Jalisco.
“Es una forma de protesta pública, ante la violencia que estamos viviendo las mujeres, la anti monumenta tiene dos colores, el morado, que representa la violencia que vivimos las mujeres, sexual, feminicida, sicólogica, etcétera; y el verde, que representa la penalización del aborto, que es una forma de violencia, que restringe nuestra autonomía reproductiva”, comentaron.
El plantón
El plantón de las colectivas cumplió este domingo cinco días de haberse instalado a partir del 25 de noviembre y dos de permanecer al interior del Congreso del estado, luego de que lo tomaron por la vía pacífica el viernes por la noche.
“No hemos recibido ninguna respuesta a nuestro pliego petitorio. Este plantón es pacífico y no se pretende dañar sus preciados murales que tanto les preocupan; desde el miércoles hasta el viernes no ha habido respuesta salvo lo dicho en medios de comunicación en donde nos dijeron que se nos darían las facilidades para entrar al baño, pero los empleados de seguridad no lo respetaron, nos ponían música a todo volumen”, indicaron.
El viernes, cuando tomaron las instalaciones, aseguraron, que no pudieron hablar con ninguna autoridad en virtud de que no les respondían las llamadas, por lo que recurrieron a las redes sociales para afirmar que no se sentían seguras con los guardias de seguridad al interior y exterior y poco después el diputado Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, se comunicó con ellas.
Además, acusaron de que el personal del Congreso les tomó fotografías y videos para circularlos en redes sociales, poniendo en riesgo su integridad, por lo que analizan interponer acciones legales.
Este fin de semana se asignó a trabajadoras de la dirección de enlace legislativo a permanecer en el Congreso para atender cualquier asunto, pero por la tarde de este domingo les pidieron retirarse sin llevarse computadoras ni ninguna otra herramienta del interior del Congreso.
A las activistas de Marea Verde se han sumado en los últimos días una treintena de integrantes de los demás colectivos del estado. Este sábado se convocó a actividades artísticas y culturales en el plantón que han denominado Digna Rabia.
Al advertir que no se retirarán hasta que las y los diputados de la XVI Legislatura trabajen en las cuatro iniciativas presentadas para legalizar el aborto, aseguraron que no permitirán el acceso a ningún empleado o legislador en un contexto en el que la Legislatura debe analizar los presupuestos municipales y paquete presupuestal presentado por el Ejecutivo.
“Desde la Red Feminista Quintanarroense estamos abiertas al diálogo, no pedimos nada más que una legislatura que verdaderamente se interese por los derechos humanos de las mujeres, fundamentalmente el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. No claudicaremos. Nuestros derechos no son negociables”, sostuvieron.
Exigen a los legisladores dar una fecha para sesionar en comisiones y dictaminar las propuestas para asignar una fecha para su aprobación en pleno, aunque también añadir todos puntos del pliego petitorio, como la creación del tipo penal de feminicidio infantil y trans feminicidio en el Código Penal, así como desechar la propuesta del pin parental e incorporar educación sexual integral en la Ley de Educación. Piden también la creación de un padrón de agresores sexuales y la participación de la red en comisiones.
Edición: Elsa Torres
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