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Cumple dos meses toma del Congreso de QRoo por feministas

Aseguran que los legisladores del estado han roto el diálogo con los colectivos
Foto: Joana Maldonado

“¿Qué quién está detrás de la toma del Congreso del estado? Mujeres que creemos en una lucha justa y aquí seguiremos”, dice Tania Ramírez González, del colectivo Siempre Unidas, al cumplirse este miércoles 27 de enero dos meses de la toma pacífica del Poder Legislativo en Quintana Roo y con la disposición a entablar un diálogo respetuoso con los legisladores, quienes, asegura, han roto el diálogo desde hace un mes.

El 27 de noviembre la Red Feminista Quintanarroense tomó de manera pacífica la sede del Poder Legislativo para exigir el cumplimiento de un pliego petitorio presentado a mediados de noviembre, que incluye la penalización del feminicidio infantil y transfeminicidio, la urgente discusión de las iniciativas encaminadas a la despenalización del aborto, la iniciativa para contar con un padrón de agresores sexuales, la ley para la autodefensa feminista, una ley de movilidad con perspectiva de género y la Ley Ingrid, entre otras.

Sin embargo, en dos meses los integrantes de la XVI Legislatura, que encabeza la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), sólo han mostrado incapacidad para sostener diálogo, señala Ramírez, pues desde el 9 de diciembre no han tenido comunicación con las activistas, pese a lo dicho por el presidente de la junta, Gustavo Miranda. “A pesar de que ellos hacen declaraciones de que están abiertos al diálogo, es mentira, no nos han vuelto a buscar y nosotras queremos llegar a un acuerdo, tampoco es que nos queramos quedar a vivir ahí, y lo que ellos quieren es que salgamos y luego discutir los temas que nos interesan, ya después de resistir tanto no nos vamos a salir sin la garantía de que atenderán nuestros planteamientos”, indicó.

 

Foto: Marea Verde

 

La representante de Siempre Unidas, colectivo feminista de Playa del Carmen, insiste en que no desistirán de la toma hasta que se coloquen en la agenda los asuntos planteados y se dictamine la despenalización del aborto. 

Destaca que no han pedido que el dictamen sea a favor, sólo que se discuta y concluya, pero hay una negativa por el costo político que implica, ya que varios diputados buscan brincar a otros cargos como a las presidencias municipales. 

“Ningún político ha querido asumir el tema, y por eso hemos llegado hasta aquí, porque a través de foros, manifestaciones y otras acciones no hemos conseguido que nos escuchen, y pues ahora se cierran al diálogo y tratan de dividir a la gente y atraer un discurso de odio, porque tratan de que la gente nos vea como las ‘locas’ que se metieron ahí y que no queremos hablar con ellos, y eso no es cierto; tampoco queremos imponer nada y no es sólo el asunto del aborto, sino una amplia agenda a favor de los derechos de las mujeres”, precisa.

 

Foto: Tania Ramírez

 

Desde el primer día este grupo de mujeres que representa a más de una veintena de colectivos del estado y miles de féminas, ha recibido amenazas, inicialmente del personal cercano al presidente de la Jugocopo, como el director jurídico, Benjamín Vaca González, bajo el pretexto de la protección del mural que guardan las paredes del Congreso en su interior.

Tanto para Tania como para todas las mujeres que se mantienen por turnos en la toma, ha sido un proceso muy cansado por no dormir ante el temor de que algo ponga en riesgo su integridad, además de cumplirse ya más de un mes con la energía eléctrica y agua suspendidos, pues Gustavo Miranda ha señalado que “no va a financiar ninguna protesta” pagando esos servicios, aunque ello signifique violentar las medidas cautelares emitidas desde la Comisión de los Derechos Humanos del estado, que piden garantizar la seguridad de las manifestantes.

 

Foto: Marea Verde

 

Lo anterior incluso ante las amenazas implícitas de utilizar la fuerza pública para desalojar el Congreso y pese a los llamados de diversas organizaciones de la defensa de los derechos humanos a nivel nacional e internacional como el Alto Comisionado de la ONU y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En estos dos meses las manifestantes han mantenido reuniones con secretarios y representantes de dependencias de gobierno del estado, incluido el gobernador Carlos Joaquín González, para trabajar en el pliego petitorio, mientras que el Poder Legislativo no ha mostrado disposición al diálogo.

 

Edición: Laura Espejo