La Fiscalía General de Justicia del estado no ha vinculado a proceso a ninguna mujer por el delito de aborto, porque no ha podido acreditar en ningún caso el tipo penal, aunque sí se han abierto carpetas por casos que han sido reportados por la Secretaría de Salud, aseguró Juan José Olea Valencia, coordinador de asesores de la dependencia, al participar en el tercer foro de debate sobre la despenalización del aborto, que sólo tuvo la participación de 10 legisladoras y legisladores.
En lo que fue el segundo día de audiencias públicas para escuchar planteamientos en torno a las iniciativas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que organiza la XVI Legislatura, aunque con escasa presencia de los diputados que la integran, participaron el coordinador de asesores de la Fiscalía General del Estado, Juan José Olea Valencia y la titular de la Unidad de Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado, Norma Cano Hernández.
En su primera intervención, Olea Valencia habló del funcionamiento del sistema de justicia penal y afirmó que la Fiscalía acatará lo que los legisladores determinen.
“No se puede acusar a una persona si no hay datos contundentes y sólidos que nos orienten a actuar conforme a derecho, no se pueden fabricar pruebas ni construir casos, tenemos jueces que el sistema acusatorio ha planteado y cualquier persona que sea víctima o imputado goza de los derechos”, dijo.
A pregunta del diputado Edgar Gasca Arceo, Olea Valencia citó el artículo 92 del código penal del estado, que establece en qué consiste el aborto y el 93, que apunta que “a la mujer que procure el aborto o consienta que otro lo haga abortar se le impondrán seis meses a dos años de prisión e igual pena tendrá quien lo haga con el consentimiento de ésta”.
Confirmó que la Fiscalía ha iniciado diversas carpetas de investigación por este delito, pero en el sentido en que “toda acusación se tiene que probar”, al final no hubo elementos suficientes para acreditar la posible participación de una mujer en el delito de aborto con las características que señala el código penal.
“No hay un sólo caso en el que la Fiscalía haya logrado una vinculación o que se haya llegado a vincular ante el juez de control, solamente denuncias que reporta la Secretaría de Salud de mujeres internadas y que hay que atender, pero no se logra acreditar el tipo penal, de esas tenemos varias, se han iniciado pero no se ha logrado la vinculación”, apuntó.
Norma Cano, del Poder Judicial, dijo que sobre las dos iniciativas propuestas en el Congreso del estado no se podía emitir ninguna postura, pues desde el ámbito de la impartición de justicia “no se construye postura”, en el sentido en que las y los jueces, como garantes de impartición de justicia, y respeto, basan su labor en lo establecido en la ley.
Aclaró, sin embargo, que las y los juzgadores están obligados a resolver los casos, sin poner por encima sus creencias y opiniones personales, basándose de acuerdo a la ley y con perspectiva de género, respetando la dignidad y no discriminación.
En el foro de las 16 horas participaron representantes de la Secretaría de Salud y el Colegio Médico de Quintana Roo y en donde se tocó, entre otros temas, la depresión post embarazo y la dificultad de una mujer de reintegrarse emocional, social y económicamente a la sociedad.
Edición: Laura Espejo
