Con el objetivo de sancionar penalmente a la persona servidora pública que de forma indebida difunda información reservada o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo relacionado con algún procedimiento penal, el Congreso de la Ciudad de México aprobó modificaciones al artículo 293 del Código Penal local. El dictamen es conocido como ‘Ley Ingrid’
Nombrada en memoria de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en febrero de 2020, esta reforma plantea erradicar la exposición pública o mediática de las víctimas, en especial las de feminicidio.
El dictamen, fue aprobado por unanimidad: 58 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El delito será castigado con penas dos a seis años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización a quien incurra en dichos actos
Asimismo, se precisa que las sanciones previstas aumentarán en una tercera parte, si la información que se difunda es con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; se trate de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, o sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.
“El respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida, es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte, nunca debe ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado, tanto a los que lo sufren como a los familiares y comunidad que les rodea", se detalla en el cuerpo del dictamen.
Esta modificación al Código Penal loca se construyó con las propuestas de iniciativas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por las diputadas Isabela Rosales Herrera (MORENA), Gabriela Quiroga Anguiano (PRD) y Ana Patricia Báez Guerrero (PAN).
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Edicón: Mirna Abreu
