La Red Feminista Quintanarroense abandonó nuevamente las mesas de trabajo con el Ejecutivo del estado al considerar su intromisión el Legislativo para avanzar en la dictaminación de las iniciativas relativas a la despenalización del aborto. Lamentaron que las y los diputados antepongan sus intereses políticos ante los argumentos legales y científicos para el análisis de las propuestas, por lo que dado el incumplimiento del acuerdo con la XVI Legislatura, las activistas impidieron el paso de trabajadores al recinto.
En conferencia de prensa, un día después de que cuatro diputados de Acción Nacional, Revolucionario Institucional y la diputada sin partido Reyna Durán Ovando reventaran la sesión de comisiones en donde se dictaminaría la despenalización del aborto y al cumplir 92 días de la toma del edificio del Congreso, integrantes de la Red Feminista Quintanarroense anunciaron que se mantendrán en el edificio.
Lo anterior debido al incumplimiento de los legisladores del acuerdo firmado el 10 de febrero pasado con los presidentes de las cinco comisiones que atienden el paquete de iniciativas sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), en el que se establecieron fechas para llevar a cabo foros y reuniones de las comisiones unidas para dictaminar a más tardar el 24 de febrero, lo cual no ocurrió.
“Se incumplió dicho acuerdo al intervenir de manera alevosa y entorpeciendo el trabajo de las comisiones unidas el diputado panista Eduardo Martinez Arcila, así como las diputadas Reyna Durán Ovando, Kira Iris San, Aurora Pool Cahuich y el diputado del PRI, Carlos Hernandez Blanco, quienes le siguieron el juego a un diputado que no pertenecía a dichas comisiones y que además ingresó a esta legislatura por vía plurinominal”, acusaron.
La intromisión de Eduardo Martínez Arcila y Carlos Hernández Blanco fue concebida por las defensoras de los derechos humanos como intromisión del Ejecutivo del estado, Carlos Joaquín González, para retrasar la votación del dictamen respectivo. Debido a ello, por segunda ocasión la Red Feminista anunció que se levanta de las mesas de trabajo con las autoridades.
De acuerdo con cinco integrantes de la Red que ofrecieron una conferencia vía Zoom este jueves, añadir la reforma al artículo 13 de la Constitución del estado, como lo planteó Martínez Arcila para incluir en el dictamen, tuvo por objeto retrasar y evitar que se aprobara por mayoría simple, pues una reforma de esa naturaleza necesita de las tres cuartas partes de las y los diputados que integran el Legislativo y en caso de aprobarse, el visto bueno de la mayoría de los Ayuntamientos.
Acusaron a este grupo de diputados de anteponer sus intereses políticos a los argumentos médicos, científicos y legales, como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lamentaron también que la Comisión de Igualdad tuviera el mayor número de deserciones con la salida de las panistas Atenea Gómez Ricalde y Lili Campos Miranda, quienes “no quisieron asumir el costo político que implicaba legislar a favor de las mujeres y en cambio privilegiaron sus intereses políticos y electorales”.
Este jueves nuevamente retomaron el control total del Congreso del estado e impidieron el acceso al edificio al personal.
Edición: Elsa Torres
