Óscar Rodríguez
Foto: Raúl Angulo Hernández
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Miércoles 10 de enero, 2018
Luego de informar que a la fecha ningún diputado local ha solicitado licencia para separarse de su cargo, para buscar algún puesto de elección popular, Celia Rivas Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, llamó a los partidos políticos a cumplir la ley e incluir en sus candidaturas a mujeres, pues las postulaciones realizadas hasta ahora han recaído en varones.
En entrevista, la legisladora aseguró que en este momento su prioridad es el Congreso. Sin embargo está atenta a los tiempos políticos, toda vez que son tiempo de definiciones en materia electoral.
“Hoy por hoy estoy enfocada en el tema legislativo y pendiente de lo que decida mi partido”, apuntó.
Cuestionada sobre la ausencia de mujeres en las recientes postulaciones, Rivas Rodríguez señaló que seguramente habrá espacios para ese sector, toda vez que así lo marca la ley, empero emplazo a las fuerzas políticas hacerlo a la brevedad.
“Deseo fervientemente que en los próximos días haya muchas mujeres precandidatas. En el Congreso se ha hecho un trabajo muy importante en el tema de paridad. Las mujeres estamos preparadas para poder estar en cualquier cargo”, expuso.
Celebró la designación de Martha Góngora Sánchez como nueva titular de la Secretaria General de Gobierno, "toda vez que es una muestra de que las mujeres están plenamente capacitadas para ocupar cualquier puesto en la administración pública estatal.
“Las mujeres hemos luchado mucho para llegar a este momento, espero que así sea, levantamos las manos las mujeres, no sólo soy yo, son muchas las mujeres que hoy levantamos la mano y que pedimos ser tomadas en cuenta”, expresó.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada