Graciela Ortiz
Foto: Juan Manuel Valdivia
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 3 de diciembre, 2019

“La industria hotelera hoy está sacando a flote, en gran medida, la economía del estado, también es difícil pensar que le carguemos la mano en ese sentido, pero también creo que es la que más hace uso de los recursos naturales que tiene Yucatán, por lo que se me hace congruente que de alguna manera ese derecho que hoy se pretende cobrar a los hoteleros sea invertido en la procuración, conservación y rehabilitación del medioambiente”, destacó la legisladora del PRI Lila Frías Castillo, refiriéndose a los nuevos derechos que se proponen en el paquete fiscal 2020.

Entre estos derechos se incluye un derecho ambiental, a fin de mantener el equilibrio ecológico del estado, en razón de la ocupación de hoteles, posadas o casas de huéspedes, hostales, moteles y cualquier lugar que preste servicio de hospedaje, conforme expresa la iniciativa que modifica la Ley General de Hacienda.

Para ello se cobrará 0.40 UMA (84.49 pesos por UMA) por habitación; unos 34 pesos por noche, al momento en el que el pago por la habitación se efectúe. También se está planteando la figura de retenedores, a fin de que los prestadores del servicio, sean físicos o por medio de plataformas tecnológicas (como Aibnb), se encuentren obligados a enterar este derecho.

El gobierno sustenta este cobro en que las personas que vienen de otras entidades, e incluso de otros países, ocasionan un daño ambiental por el que no se responsabilizan, por lo que sigue el principio, tanto internacional como constitucional, “el que contamina paga”.

Más adelante, Frías Castillo dijo sentirse preocupada porque no es lo mismo un hotelero que cobra 300 pesos la noche que otro que cobra dos mil, por lo que consideró que el derecho debería ser proporcional al tipo de hotel, y también tener en claro a dónde irá ese recurso.


[b]Seguridad[/b]

El paquete fiscal que propone el Ejecutivo contempla crear un derecho a fin de garantizar la mejora y continua actualización de la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública.

Justifica que por el constante avance de las tecnologías de la información y la comunicación, se requiere una actualización continua, por lo que se estipulará un derecho de 2.72 unidades de medida (unos 230 pesos) y actualización, estableciendo la limitación de que no pueda ser mayor al ocho por ciento de lo que el contribuyente deba pagar en particular, por su consumo, al suministrador de servicios básicos y se causará mensualmente dentro de los 60 días posteriores al mes en que se cause, aunque aún no está definido cómo se pagará.

La diputada Frías se dijo preocupada por la situación económica del ciudadano, al tiempo que puntualizó que siempre ha celebrado que Yucatán haya tomado en serio el tema de la seguridad, “no sólo en esta administración, sino en las pasadas. Sin embargo hoy nos estamos enfrentando a una decisión muy fuerte, muy dura, por lo que tendremos que ver qué otras alternativas existen para garantizar esta seguridad, que hoy mantenemos mejor que otros estados”.


[b]Transporte de carga y descarga[/b]

El Ejecutivo también pretende diferenciar el cobro del derecho por maniobra de carga y descarga o transporte de carga en la vía pública de vehículos con capacidad de carga, por tonelaje, pues los vehículos de mayor capacidad ocasionan un mayor daño a la infraestructura vial y al flujo del transporte.

Se propone la obtención de un permiso anual de carga y descarga o transporte de carga en la vía pública para vehículos, en atención a la capacidad de carga de cada vehículo y dependiendo de si se destinará al servicio público.

En relación al derecho que se cobrará a las plataformas digitales, como Uber, Cabify o Didi, Frías Castillo manifestó que la iniciativa le parece buena porque consideró que “deben pagar impuestos, pagar derechos, pero sobre todo el estado debe llevar un control tanto de las plataformas como de los conductores, porque eso va también a garantizar la seguridad de los usuarios.”


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