Cárceles en Yucatán no cuentan con espacios para mujeres ni adolescentes

En 2021 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) visitó las 106 cárceles municipales de Yucatán para cerciorarse de que tuvieran las condiciones adecuadas en arrestos y detenciones, así como en la estancia; fue así que encontraron la falta de áreas para mujeres y adolescentes en la mayoría de ellas, además, 73 de ellas no acreditaron que les proporcionen alimentos a las personas arrestadas, dio a conocer Miguel Sabido Santana, presidente de la dependencia. 

De las 106 cárceles, 85 no cuentan con área para mujeres y 95 no la tienen para adolescentes; pero esta no es la única situación detectada, pues también señaló que en 60 cárceles no hay Juez Calificador o Juez de Paz que imponga las sanciones administrativas correspondientes.

Al ser 101 cárceles las que no cuentan con reglamentos internos ni manuales de procedimientos, también infringen contra otras acciones en favor de la dignidad, pues en 68 cárceles no acreditan que se informe a las personas el motivo de su arresto.

Una vez dentro de la cárcel, 73 de ellas no acreditaron que les proporcionen alimentos a las personas arrestadas, 75 tampoco pudieron probar que les brinden colchonetas, 76 tienen malas condiciones de higiene, 74 no tienen bacines y 102 tampoco tienen lavamanos dentro de las celdas.

El personal de 67 de las cárceles opinó que el número y capacidad de las celdas es suficiente que, además, en más de 60 por ciento de los casos tienen mala ventilación e iluminación en general en la cárcel.

Las cárceles que presentan mayores deficiencias en infraestructura son las de los municipios de Chankom, Chapab, Cuzamá, Dzan, Dzitás, Halachó, Homún, Izamal, Kopomá, Maní, Mayapán, Santa Elena, Tahdzíu, Teabo, Tecoh, Tekit, Tepakán y Ticul; mientras que las de mejor infraestructura son: Buctzotz, Kanasín, Mérida, Tekax, Tizimín, Umán y Valladolid.

Ceresos en Yucatán no abonan para la reintegración en la sociedad de las personas privadas de su libertad

En Yucatán los Ceresos tienen puntos débiles para poder contribuir con una reintegración en la sociedad, pues no cuentan con personal de psiquiatría ni muchas otras especialidades, tampoco son parte de programas que les motiven para el desarrollo de una actividad laboral remunerada.

Durante el 2021, la CODHEY también realizó la supervisión de cuatro Centros de Reinserción Social (Cereso) del Estado para constatar que las condiciones de vida fueran respetuosas de la integridad, dignidad, seguridad e igualdad de las personas internas privadas de su libertad, encontrando las faltas a esto, informó Sabido Santana.

Con estas supervisiones, concluyeron que, desde la infraestructura, hay deficiencias; pues señaló que carece de mantenimiento y equipamiento en los dormitorios, así como en los baños, patios, áreas comunes y áreas de gobierno.

Todas estas zonas con un correcto mantenimiento resultan indispensables “para que las personas privadas de su libertad tengan una estancia digna”.

Sumado a esto, apuntó que los centros no cuentan con personal psiquiátrico, pero ésta no es la única especialidad ausente, pues tampoco hay área de ginecología y falta personal de custodio, técnicos operativos, personal médico (incluyendo enfermería) y odontológico.

Las personas que están allí tampoco cuentan con programas que incentiven el desarrollo de actividades laborales remuneradas, ni capacitación para ellas, visibilizó; y la falta de capacitación no es solamente para las y los internos, pues enlistó que tampoco la recibe el personal directivo, técnico, jurídico, de seguridad y de custodia, sobre todo en materia de derechos humanos.

“Carecen de un registro de la población interna que padezca problemas de adicción, a efecto de elaborar un diagnóstico que permita evaluar el problema y establecer acciones para la aplicación de tratamientos para su rehabilitación”.

También expuso que el reglamento no está actualizado ni en armonía con la Ley Nacional de Ejecución Penal; subrayó que privar de la libertad a las personas debería garantizar la seguridad y condiciones de vida digna y salud para que puedan desarrollarse y tener una reinserción social, “hago un llamado a las autoridades penitenciarias para seguir trabajando para un retorno digno a nuestra sociedad, de las personas privadas de su libertad”.  

Edición: Ana Ordaz