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Rodrigo Medina
25/09/2024 | Mérida, Yucatán
A tres años de lo que denuncia como el presunto asesinato de su hijo, José Eduardo Ravelo Echevarría, a manos de policías municipales de Mérida, Dora María Ravelo, acusó abandono del caso y falta de apoyo por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) de Yucatán, que no ha cubierto los gastos pertinentes y gestionado los servicios de atención adecuados.
“Siento que no se me ha estado brindado el apoyo que yo necesito. Pedimos un apoyo económico para buscar los servicios de un perito que dictamine lo contrario de lo que dictaminó la Fiscalía General de la República”, explicó Dora María Ravelo.
“Independientemente del apoyo, lo más grave es que siento que no se ha avanzado en el caso de mi hijo. Pusieron al licenciado que ha hecho las diligencias pertinentes pero yo no veo a nadie en la cárcel”, agregó.
El
dictamen de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto al caso de José Eduardo fue que el joven murió por neumonía. Las pruebas, según señaló Dora María Ravelo, indican que sufrió tortura y violación. El metaperitaje solicitado para revisar estos indicios costaría entre 80 y 120 mil pesos, ya que sería realizado de forma independiente, añadió.
Denunció que el abandono de las autoridades también se ha dado respecto a los servicios de terapia y tratamiento médico que Dora María Ravelo, como víctima indirecta, debería recibir.
“Como víctima indirecta yo tengo mis derechos y sé que este es uno de ellos. También tengo derecho al servicio médico. Últimamente, las autoridades me han dicho que necesito autorización del Ministerio Público para poder acudir al médico, y que mi enfermedad no está vinculada con el hecho victimizante del que fue objeto mi hijo y, a su vez, ahora yo”, señaló.
Dora María Ravelo también acusó a la CEEAV de no gestionar adecuadamente los recursos de transporte y traslado correspondiente, lo que ha entorpecido el desarrollo de las investigaciones de la FGR. Desde que la CEEAV Yucatán tomó la responsabilidad de apoyar el caso, acusó que ha habido muchas deficiencias en el proceso.
“No han hecho nada. El licenciado que tengo en la Ciudad de México no ha podido hacer nada, lo tienen atado de manos. Él sin recursos no se puede mover”.
La madre de José Eduardo vive actualmente en la ciudad de Mérida, y tiene que trasladarse con frecuencia a Veracruz, de donde es originaria. Comentó que la decisión de ubicarse en la capital yucateca es para que el caso de su hijo no quede sepultado.
Dora María Ravelo también expresó que recibe actualmente un recurso de apoyo desde noviembre de 2021 para alimentación, lo que no cubre las gestiones de traslado y de acción por parte de los abogados que -de forma independiente- investigan el caso, el cual también pide que regrese a Yucatán, ya que el transporte a la Ciudad de México es una limitante.
“A la CEEAV le dije muy claramente que el recorrido de Mérida a Veracruz en ADO es de 20 horas, yo tenía consulta médica a las 8 de la mañana el 18 de septiembre, me dan el recurso el 17, y tenía que salir a la 1 de la tarde, no llego”, explicó.
Debido a estos incumplimientos, Dora María Ravelo pidió una reunión con la comisionada del CEEAV, la cual le fue otorgada.
“Quiero saber por qué la investigación no ha avanzado. Yo tenía un equipo de abogados de Mérida y Ciudad de México, todos han sido despedidos y no he sido notificada. Todo lo sé por segundas personas”.
En tres años, Dora María Ravelo también expresó que ha recibido sesiones de terapia cinco veces. Además de que no ha habido continuidad, tampoco se le ha dado el tipo de terapia adecuado, por lo que pidió a un profesional en tanatología.
Por último, la madre de José Eduardo Ravelo pidió los datos de prueba de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al ayuntamiento de Mérida. Estos serían la capacitación a miembros de la Policía Municipal y una disculpa pública hecha por el presidente municipal de Mérida que, en su caso, fue ordenada directamente al ex alcalde Renán Barrera. También, hace falta la resolución del daño integral, el cual no puede realizarse hasta que haya un juicio.
“La CNDH quedó desde abril que venía a Mérida, tiene seis meses que no han venido. Esperan cambios internos para que puedan moverse”, finalizó Dora María Ravelo.
Edición: Estefanía Cardeña
