Obstáculos a derechos de minorías sexuales

Carlos Luis Escoffié Duarte
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

2 de diciembre, 2015

Desde hace años, la Red Pro Yucatán, encabezada por Ivette Laviada, se ha esforzado en obstaculizar el reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales. Ahora se han sumado a una iniciativa a nivel nacional para modificar la Constitución con el objetivo de “proteger” a la “familia natural” y blindar la posibilidad de que parejas homosexuales puedan casarse. De la rueda de prensa ofrecida por Laviada y compañía hay algunos puntos que me han llamado la atención. Por cuestión de espacio, expondré una primera parte en esta entrega y retomaré el tema la próxima semana.

Entre las primeras cosas que pueden evidenciarse del discurso manejado por Laviada y compañía es el uso tergiversado de tratados internacionales sobre derechos humanos. Señalan reiteradamente, por ejemplo, el derecho a la protección de la familia, el cual consiste, a grandes rasgos, en la necesidad de adoptar distintas medidas para garantizar que todas las familias puedan satisfacer sus necesidades básicas y alcanzar el desarrollo de sus proyectos de vida. Figuras como el matrimonio cumplen esa función al brindar algunas certezas jurídicas en materia de patrimonio, de seguridad social y de derechos migratorios, por dar tan sólo unos ejemplos. A eso se refiere la idea de “proteger” a las familias: otorgarles herramientas para su desarrollo y para evitar la intervención arbitraria por parte de externos.

Sin embargo, ningún instrumento internacional señala que para alcanzar esos fines deba prohibirse el matrimonio entre homosexuales. Por el contrario, los Principios de Yogyakarta, si bien no son propiamente un tratado, son un precedente que reconoce derechos a las minorías sexuales. Asimismo, instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido claras al señalar que los países no pueden restringir derechos aludiendo a un supuesto modelo de “familia tradicional”, reconociendo que todos los tipos posibles de familia requieren protección para garantizar los derechos de sus miembros.

No es cosa menor que el discurso sostenido en la rueda de prensa se haya basado en dos peligrosos pilares: por una parte, tergiversar el objeto y fin del derecho a la protección de la familia, y por otra, aportar estadísticas de homicidios, delitos sexuales contra mujeres y menores de edad e índices de corrupción. La conclusión que presentaron al unir ambas líneas argumentativas es alarmante: la solución es imponer a nivel constitucional un modelo único de familia.

Esta posición maniquea sostiene de manera absurda que graves problemas en la sociedad, como la trata de personas, son resultado de la “indecencia” de las minorías sexuales. Sacando de contexto la idea de “protección a la familia”, buscan transformar un derecho en una declaratoria de guerra en contra de quienes, según dicen, amenazan a la familia. Curiosamente, esos supuestos enemigos son otras familias que actualmente no pueden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Desmenuzado, el discurso de la Red Pro Yucatán evidencia un llamado a manera de cruzada en contra de aquellos que son distintos, presentándolos como enemigos de los cuales hay que “protegerse”.

¿De qué manera dos mujeres viviendo juntas amenazan a la familia para que ésta haya dedicado tantos años a impedirles, por ejemplo, acceder a servicios de salud pública? ¿Por qué la Red Pro Yucatán se rasga las vestiduras por dos hombres compartiendo la cama pero no por los índices de impunidad en casos de feminicidios y violencia intrafamiliar?

@Kalycho